/ jueves 21 de junio de 2018

A la sombra | Emilio Suárez Licona

Hablando de financiamiento, resulta que los de Broxel aclaran “de manera contundente”, que participe en elección y/o campaña política alguna. “Desde nuestra fundación, la empresa cuenta con la estricta política de mantenerse ajena a cualquier proceso electoral. No lo haremos ahora, ni nunca”. Lo cierto es que son señalados como instrumento de financiamiento difícil de rastrear. Pero ellos aseguran que todos sus servicios cuentan con un protocolo de control que previene el uso incorrecto. No les podemos dar nombres de los que están detrás de varios procesos, pero les damos una pista: Oaxaca. Y le seguiremos informando.

Para quien no pintan bien las cosas es para Ramón Garza Barrios, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues sus propios compañeros de partido exigen que haya acción penal en su contra, debido a que en 2016 presentaron una denuncia en su contra por un presunto desvío de recursos públicos por más de 100 millones de pesos que debieron invertirse en el Proyecto Integral de Alcantarillado Pluvial. Un caso similar al de Tabasco.

Heriberto Cantú, candidato a una diputación federal por el Distrito 01, así como junto con Ireri Calderón y Mariza Yazmín Zárate Flores, presentaron la denuncia en 2016 ante la Agencia del Ministerio Público, y la ratificaron en días pasados ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, donde demandaron se continúen las investigaciones. Recordemos que Garza Barrios ya fue presidente Municipal en Nuevo Laredo, en el periodo 2007-2010 por el PRI.

Y en el Estado de México, entidad que gobierna Alfredo del Mazo, está por darse a conocer un asunto que sacará chispas, pues nos cuentan de una encuesta encargada hace unas cuantas semanas para sondear la intención del voto al interior del Magisterio, y en la que los resultados no ponen nada bien al PRI, que preside René Juárez Cisneros.

Lo más sorprendente es que se sabe la encuesta habría sido encargada desde la Subsecretaria de Educación Básica y Normal, a cargo de Rogelio Tinoco García, quien tendría la intención por un lado de subir en el escalafón de su dependencia, al tiempo de desestabilizar al Sindicato de Maestros y poder tomar las riendas del mismo después de las elecciones. ¿Qué pensará Del Mazo Maza de este tema?

Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de Lorenzo Córdova, dijo que hay evidencias que demuestran que dirigentes de la coalición Juntos haremos historia constituyeron un esquema de financiamiento ilegal, y con fines proselitistas, que aceptó aportaciones de entes prohibidos por la ley, incluyendo las de entidades públicas, personas anónimas y, posiblemente, ciudadanos extranjeros. La representación del PRI presentó evidencias ante el INE, de que Andrés Manuel López Obrador y Morena utilizaron el fideicomiso “Por los demás” —supuestamente constituido para apoyar a víctimas del sismo— como una fachada para introducir financiamiento de procedencia desconocida al sistema bancario y desviar recursos con fines electorales.

Hablando de financiamiento, resulta que los de Broxel aclaran “de manera contundente”, que participe en elección y/o campaña política alguna. “Desde nuestra fundación, la empresa cuenta con la estricta política de mantenerse ajena a cualquier proceso electoral. No lo haremos ahora, ni nunca”. Lo cierto es que son señalados como instrumento de financiamiento difícil de rastrear. Pero ellos aseguran que todos sus servicios cuentan con un protocolo de control que previene el uso incorrecto. No les podemos dar nombres de los que están detrás de varios procesos, pero les damos una pista: Oaxaca. Y le seguiremos informando.

Para quien no pintan bien las cosas es para Ramón Garza Barrios, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues sus propios compañeros de partido exigen que haya acción penal en su contra, debido a que en 2016 presentaron una denuncia en su contra por un presunto desvío de recursos públicos por más de 100 millones de pesos que debieron invertirse en el Proyecto Integral de Alcantarillado Pluvial. Un caso similar al de Tabasco.

Heriberto Cantú, candidato a una diputación federal por el Distrito 01, así como junto con Ireri Calderón y Mariza Yazmín Zárate Flores, presentaron la denuncia en 2016 ante la Agencia del Ministerio Público, y la ratificaron en días pasados ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, donde demandaron se continúen las investigaciones. Recordemos que Garza Barrios ya fue presidente Municipal en Nuevo Laredo, en el periodo 2007-2010 por el PRI.

Y en el Estado de México, entidad que gobierna Alfredo del Mazo, está por darse a conocer un asunto que sacará chispas, pues nos cuentan de una encuesta encargada hace unas cuantas semanas para sondear la intención del voto al interior del Magisterio, y en la que los resultados no ponen nada bien al PRI, que preside René Juárez Cisneros.

Lo más sorprendente es que se sabe la encuesta habría sido encargada desde la Subsecretaria de Educación Básica y Normal, a cargo de Rogelio Tinoco García, quien tendría la intención por un lado de subir en el escalafón de su dependencia, al tiempo de desestabilizar al Sindicato de Maestros y poder tomar las riendas del mismo después de las elecciones. ¿Qué pensará Del Mazo Maza de este tema?

Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de Lorenzo Córdova, dijo que hay evidencias que demuestran que dirigentes de la coalición Juntos haremos historia constituyeron un esquema de financiamiento ilegal, y con fines proselitistas, que aceptó aportaciones de entes prohibidos por la ley, incluyendo las de entidades públicas, personas anónimas y, posiblemente, ciudadanos extranjeros. La representación del PRI presentó evidencias ante el INE, de que Andrés Manuel López Obrador y Morena utilizaron el fideicomiso “Por los demás” —supuestamente constituido para apoyar a víctimas del sismo— como una fachada para introducir financiamiento de procedencia desconocida al sistema bancario y desviar recursos con fines electorales.