Que en tremendo lío se metió el Auditor Superior del Estado de Puebla, FRANCISCO ROMERO SERRANO, pues, por adelantar el regreso de sus trabajadores a la revisión presencial de la Cuenta Pública 2019, se detectó ya en la institución el primer caso de Covid-19, lo que augura muy seguramente un brote entre su personal. Nos cuentan que el gobernador Miguel Barbosa no estallará su furia en este personaje, pues aunque impide el regreso de las armadoras de autos a la nueva normalidad, hay una motivación poderosa detrás de esas pesquisas en tiempos de emergencia sanitaria.
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Fue el propio Auditor quien, el pasado 12 de mayo, emitió un acuerdo oficial por el que se ordenó a los servidores públicos de la ASE reanudar de manera inmediata sus labores, incluyendo, según se lee en el texto, las visitas domiciliarias a las entidades a fiscalizar.
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Si se pregunta por qué el gobierno de Miguel Barbosa no se opuso a esa reactivación de labores como lo hace en el caso de plantas de Audi y Volkswagen, nos aseguran que la respuesta es muy sencilla: hay un uso político que quiere dársele a las cifras resultantes de esa revisión.
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Dicen los que saben que no, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está enojado con Daniel Chávez Morán, el fundador de Grupo Vidanta. Luego de que la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, ventiló un recorte masivo de personal en su grupo, en plena crisis sanitaria, la percepción fue de rompimiento, o de persecución. Nos aseguran que para nada, siguen siendo muy amigos y ambos cuentan con el apoyo económico y el apoyo del poder político del otro. Es más, nos provocan: ¿Quién crees que le dio la idea de la rifa del avión presidencial al mandatario?
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Entre los denominados partidos de oposición, llámense PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, inició una convocatoria de unidad para figurar como una sola alternativa política que haga frente al Movimiento de Regeneración Nacional y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
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El plan tiene fecha: las elecciones que se aproximan en 2021 y 2022. Dicen los enterados que la convocatoria consiste en poner las distintas plataformas políticas a disposición de personajes cuya trayectoria no está en la arena pública, sino, principalmente, en la academia y en la iniciativa privada. ¿Alguien dice yo?
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Las empresas mineras revisan actualmente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, de Zoé Robledo, el cumplimiento de los protocolos sanitarios para poder reiniciar actividades antes del 1 de junio. Una vez “palomeadas” por el IMSS, todas las medidas de seguridad, las empresas que generan 370 mil empleos directos y 2.3 empleos indirectos, no tendrán problemas para regresar a picar piedra.
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Desde febrero pasado, cuando hubo indicios de que la pandemia del coronavirus le pegaría al país, la subsecretaría de Minería, a cargo de Francisco Quiroga Fernández, empezó a elaborar los protocolos para que las empresas de ese sector pudieran retornar a sus actividades. Empezaron el camino temprano y ahora recogerán esos frutos.
