En plena contienda electoral, en Baja California llevaron a cabo un evento para la entrega de despensas desde la Secretaría de Integración y Bienestar Social de aquella entidad a cambio del registro de credenciales de elector. Los videos y fotografías del mencionado despliegue circularon a través de redes sociales y servicios de mensajería instantánea, material en el que incluso fue captado el gobernador morenista del estado, Jaime Bonilla Valdez. Ésta sería la segunda ocasión en la que usuarios denuncian este tipo de hechos en la frontera norte, mismos que, nos dicen, ya están en la mira de las autoridades electorales.
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Este fin de semana se derrumbó el tramo carretero Santa Casilda-Cuatro Caminos de la autopista Siglo 21 en Michoacán y se encendieron los focos rojos al interior del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Es un tramo muy importante, con una gran carga política, principalmente porque muy cerca se encuentra la presa Francisco J. Mújica, construida por Odebrecht durante la gestión de Lázaro Cárdenas Batel y siempre bajo la mirada incisiva de las comunidades aledañas.
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Dicen los que saben que esto puede afectar muy gravemente las aspiraciones de Cárdenas Batel (algunos ya lo ponen al frente de Pemex, en sustitución de Octavio Romero Oropeza) y afectar profundamente a Leonel Godoy, pues a ambos exgobernadores los une un nexo llamado Víctor Guerra Reyes, quien fue responsable durante sus administraciones de construir la presa y es señalado por presuntamente haber recibido apoyos de la brasileña. Además, la policía de Andorra dio a conocer algunas de sus cuentas. Un asunto que pasaba desapercibido pero que ahora toma relevancia con tanta grieta en el asfalto.
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Este fin de semana filtraron una lista negra del Servicio de Administración Tributaria, de Raquel Buenrostro, en donde aparecen 31 empresas presuntamente beneficiadas con contratos por casi 60 millones de pesos por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuando fue gobernador de Campeche.
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En realidad es una denuncia por defraudación fiscal realizada ante el SAT, en la que se pide investigar las 110 operaciones que significaron estos contratos, y en los que también se señala como responsables a América del Carmen Azar Pérez, ex secretaria de Finanzas de Campeche, y a Christian Mishel Castro Bello, sobrino del ex gobernador “Alito” Moreno, y quien desde hace unos días anda perfilándose como presidenciable.
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Los contratos bajo investigación corresponden a arrendamientos, servicios y obra pública que contrató el Gobierno de Campeche en los años 2017, 2018 y 2019. En total, estas erogaciones, suman 59 millones 935 mil 865 pesos, lo cual, refiere la denuncia, probablemente generó un beneficio económico a los mismos, en perjuicio de los habitantes del Estado de Campeche, y del fisco federal, por la presunta adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
