Dicen los que saben que NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA está jalando mucho la liga con la Junta de Coordinación Política del Senado, porque quiere imponer a como dé lugar un dictamen de su iniciativa de Ley sobre Subcontratación, la cual fue congelada por la mayoría de senadores. Que está emberrinchado con líderes de todos los partidos en la Cámara Alta, pero sobre todo con el dirigente de Morena, Ricardo Monreal, porque le ordenaron organizar un parlamento abierto donde participaron cerca de 100 expertos para llegar a un nuevo dictamen.
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Nos cuentan que Napo quiere imponer condiciones a la mayoría de los senadores, a pesar de que en su aventura apenas tiene el apoyo de cinco legisladores, y está orillando a que el pleno discuta un nuevo dictamen que en su mayoría fue elaborado por representantes del Ejecutivo, un grupo de expertos, dirigentes sindicales del Congreso del Trabajo y representantes del sector privado.
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Las conclusiones más importantes a las que llegaron estos expertos en materia laboral y de la subcontratación, mismas que serán la base de una ley que dará certeza jurídica a la inversión, promueva el empleo y la competitividad de la economía, fueron las siguientes: Crear el Registro de Empresas de Subcontratación; no criminalizar la subcontratación y eliminar la retroactividad, porque convertía en inconstitucional el dictamen original; reforzar la inspección de la STPS; reforzar las leyes del IMSS y del Infonavit para que exista coherencia jurídica en materia de subcontratación; y garantizar los derechos de los trabajadores.
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Nos preguntan los que saben: ¿A qué intereses obedece este legislador? ¿Cuál es su propósito de romper con un acuerdo político de la Jucopo? ¿Por qué utiliza recursos públicos del senado para vendettas personales contra sus opositores políticos? De esto acusaba a Alberto Baillères, Alonso Ancira, Germán Larrea y otros empresarios mineros, mientras en Canadá vivía sin problemas económicos y los mineros demandaron su búsqueda para que diera cuenta de los 55 millones de dólares que desaparecieron del sindicato que encabezó.
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Le platicamos ayer que el jefe de la Oficina del Gobierno de Morelos, José Manuel Sanz, estaría siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por una probable participación en casos de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
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Nos confirman que su caso está incluso ya en la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero. Cuentan que el hombre más cercano al gobernador Cuauhtémoc Blanco realizaba transferencias bancarias irregulares desde que se desempeñaba como secretario técnico durante la presidencia municipal del exfutbolista en Cuernavaca, hechos en los que estaría también involucrada su esposa, Claudia Mondragón.
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Anticipándose a la posibilidad de un eventual cierre de escuelas como medida de contención del coronavirus, nos dicen que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, revisa con detenimiento el plan que la UNESCO, de Audrey Azoulay, denominó Tareas de Emergencia COVID-19.
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El proyecto propone que, a través de aplicaciones y plataformas digitales de acceso libre, diseñadas por Microsoft, de Satya Nadella, los alumnos de 72 naciones continúen con su aprendizaje sin la necesidad de asistir a los planteles.
