Mientras las autoridades en Morelos enredaban con filtraciones y declaraciones a la prensa el caso del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, el miércoles seis personas eran asesinadas en el estado, la misma cantidad que el día anterior. Con este último dato Morelos acumuló 140 homicidios dolosos en abril, el mes más violento en un año que de por sí inició con una tendencia al alza en crímenes mientras se cocinaba el futuro político de Cuauhtémoc Blanco, hoy gobernador con licencia y, tal parece, próximo senador por Morena.
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En espera de las cifras oficiales, este jueves en Morelos ya se perfilaba complicado en materia de inseguridad. Por la mañana, dos mujeres fueron asesinadas en el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, la principal central de abasto de la zona metropolitana. Durante la madrugada, hombres armados quemaron una unidad de la Ruta 11 en la colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca y otra fue baleada en la colonia Rubén Jaramillo, de Temixco. Con ello, los transportistas amenazaron con suspender el servicio por falta de garantías.
Pero tal parece que con esas escenas de cuerpos tirados en las calles o unidades de transporte en llamas las autoridades de Morelos, como las de Guerrero y otras entidades del país, ni sudan ni se acongojan.
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Por cierto, ayer la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) tuvo que salir al paso del enredo que rodea al caso del obispo Salvador Rangel. “Como Iglesia, confiamos en las Instituciones y eso nos lleva a dejar en manos de las autoridades la investigación correspondiente.
Por ahora solo pedimos, respetuosamente, que se eviten conjeturas y especulaciones”, publicó ante la oleada de versiones en torno al caso.
Como en otros momentos, este episodio evidenció las diferencias entre el gobierno del estado y la Fiscalía. El gobernador interino de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, dijo a la prensa el martes que no había elementos que indicaran que el sacerdote hubiera sido secuestrado, lo que contradijo la versión compartida por el fiscal de la entidad, Uriel Carmona.
Ayer, el comisionado estatal de Seguridad, José Ortiz Guarneros, reveló que el prelado permaneció en el hostal el sábado 27 y el domingo 28, hasta que fue rescatado por la Cruz Roja. Horas más tarde la institución de asistencia emitió un comunicado para deslindarse del traslado.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene 389 registros de quejas por violencia política en razón de género y 343 personas sancionadas, un dato revelado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes precisamente durante la instalación de la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género. Es una defensoría única en su tipo en América Latina, aseguró Mónica Soto, magistrada presidenta del tribunal.
Parece una contradicción, pero conforme aumenta la paridad lo hace la violencia política hacia las mujeres.
