En el escrito presentado de manera anónima a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, donde denuncian al entonces Ministro Arturo Zadívar Lelo de Larrea por su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y a otros sujetos de responsabilidad administrativa en el propio Consejo, por hechos que tuvieron verificativo entre 2019 y 2022, se refieren al titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Edgar Manuel Bonilla del Ángel, así como a otros servidores públicos que resulten responsables, adscritas a ese instituto, a quienes acusan de supuestos actos de corrupción.
Dice textualmente la denuncia anónima: “Se utilizaba a dicho Instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinando sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran -infundían terror-... cuando la empresa no aceptaba, el Instituto realizaba prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien, evitar la ejecución de resoluciones que las pudieran beneficiar a la empresa… se presionaba a los jueces para que prolongaran el dictado de resoluciones o bien se inclinaran a resolver siempre en favor de los intereses corruptos”.
En esta columna nos hemos referido a dos casos en donde los conciliadores del concurso mercantil parecen estar utilizando la misma “técnica” que se denuncia líneas arriba; uno el del ingenio PUGA y COPACO, a quienes en mayo del año pasado les otorgaron dicho beneficio.
Para ambas empresas se designó como conciliador a Marco Antonio Campos, cuya actuación ha sido cuestionada por los acreedores de ambos negocios porque sospechan que hay “dados cargados” hacia un exsubsecretario de Hacienda, quien trabajó bajo las órdenes de Luis Videgaray. Nos referimos a Fernando Aportela, dueño de Grupo Altor, quien primero compró los derechos litigiosos del ingenio de PUGA a la compañía Amerra, y después le hizo una propuesta al conciliador para reabrir el ingenio, propiedad de Abelardo García Arce y familia, quienes se “llevaron al baile” a obreros, cañeros y a medio centenar de compradores (Bimbo, Danone, Lala, Barcel, Sucroliq…) quienes hicieron contratos de compra-venta de azúcar con COPACO por varios miles de millones de pesos, que nunca le entregó la empresa.
Altor / Aportela le dice al conciliador que tiene 500 millones de pesos en la bolsa para reparar el ingenio, comprar caña, pagarles a los obreros y cañeros parte de sus adeudos y operar la fábrica. Campos la presenta al juez del concurso mercantil, quien mediante el clásico “fast track” le da el visto bueno; paralelamente el grupo de acreedores presentó un plan de negocios que a la larga garantizaba que todos podrían recuperar hasta el 100 por ciento de sus deudas, pero ni el conciliador ni el juez lo consideraron.
Después da varios meses de operar el ingenio, los acreedores empiezan a descubrir algunas marrullerías jurídicas de los dueños del ingenio, la familia García Arce, y de Altor/Aportela, que pueden ser constitutivas de delitos como fraude, por ejemplo, afirman los acreedores, quienes preparan denuncias al respecto.
