Un grupo de acreedores del ingenio azucarero PUGA y la comercializadora COPACO, ambos negocios propiedad de la familia García Arce, que se encuentran en concurso mercantil desde hace varios meses, se ha dado a la tarea de investigar y descubrir lo que califican como trinquetes, en donde, según ellos, estarían participando el conciliador de dicho concurso, Marco Antonio Campos; miembros de la mencionada familia, el grupo Zucarmex, cuyo propietario es Eduardo De la Vega, el ex subsecretario de Hacienda en la administración pasada, Fernando Aportela, dueño de Altor, así como la compañía ED&FMAN, entre otros.
Contubernio, fraudes, simulaciones de cuentas y otros delitos mercantiles y penales, es lo primero que, dicen, han descubierto el grupito investigador de los arriba mencionados, con el afán de quedarse con el Ingenio de Puga, afectando a todos los acreedores de COPACO, que suman más de medio centenar.
Los acreedores que se han dado a la tarea de descubrir los trinquetes señalan que el administrador y conciliador del concurso, Marco Antonio Campos, junto con el ex subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, son los principales protagonistas de algunos de los posibles delitos arriba mencionados. Ambos diseñaron, primero, un esquema para que el ingenio volviera a operar – mediante un financiamiento de 500 millones de pesos--, y después, de compra de caña ya vendida y pagos de adeudos anteriores al inicio del Concurso a los cañeros que acepten entregarles la materia prima (lo que va contra las reglas del Concurso Mercantil), para que el ingenio pudiera reanudar operaciones. Ya metido en los enjuagues, el conciliador quiere sugerirle al juez de la causa que declare la quiebra del ingenio y de Copaco, para que de esta forma Altor ejecute de inmediato todas las garantías y se quede como propietario del ingenio, para lo cual ya tiene el aval de Garci Arce, y posteriormente se lo “ceda” a Zucarmex, denuncian los acreedores.
Altor Capital, propiedad de Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda con Luis Videgaray durante la administración de Enrique Peña Nieto, y quien salió de la administración pública “con una mano atrás y otra adelante”, diseñó la estrategia legal para la compraventa de acciones a la familia García Arce, en pleno concurso mercantil. El 13 de diciembre de 2023, Altor Capital compra 49 mil 999 acciones Clase I de AgaAzúcar S.A. de C.V y 1 millón 76 mil títulos Clase II, más una acción del Consorcio Azucarero García Arces SA. de CV; por esta última acción pagó un pesote. En una serie de transacciones, Altor Capital “desembolsa” poco más de 8 millones de dólares; una parte de ellos se las trasfiere a ED&FMAN, quien demandó a GarciaArce en 2022 y después le vendió sus acciones a Altor. ¿De dónde salió el billete? Preguntan los acreedores. Según los quejosos, GarciArce se arregló con
Altor/Zucarmex, de quienes recibe el billete. Bueno, en realidad el que pone la lana es Zucarmex, quien está dispuesto a quedarse con PUGA “cueste lo que cueste”, pero no quiere que se le mencione porque la Comisión Federal de Incompetencia Económica (AMLO dixit) podría negarle la operación. Aunque, en este caso, los hijos de De la Vega ya tiene la solución: Crear una empresa paralela.
