Es muy grave alterar la verdad en una averiguación penal porque ello pone de relieve las fallas de todo un sistema, del gobierno y del Estado. Es clara la diferencia entre averiguar, que es inquirir la verdad hasta descubrirla, y simular, que es la representación de algo fingiendo o mintiendo lo que no es. Fingimiento que trae como consecuencia la incredibilidad del gobernado en la búsqueda de la Justicia, valor primordial de la democracia y del buen gobierno. Y de allí para abajo, se podría decir, la podredumbre de la corrupción va minando la confianza social e individual.
Ahora bien en la detención de Genaro García Luna, y respetando la presunción de inocencia a su favor “mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa” (art. 20 Constitucional en su apartado B fracción I), se presuponen en esto obviamente dos cosas, que haya encausamiento penal -proceso- y que haya sentencia definitiva de un juez. Respetando, pues, tal presunción y sin prejuzgar rebasando la noticia como lo hacen por desgracia algunos medios y comentaristas, todo indica que García Luna incurrió en acciones contrarias a derecho; y por eso fue detenido.
Yo recuerdo, por ejemplo, que Florence Cassez fue investigada por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. En la madrugada del 8 de diciembre de 2005, por órdenes de García Luna y hasta pasada la madrugada del 9 de diciembre, fue detenida junto con otra persona sin llamar a su cónsul francés y sin ponerla inmediatamente en disposición del Ministerio Público; día éste último en que fueron presentados ante las cámaras de Televisa y de TV Azteca en lo que aparentaba ser una escenografía ideada por aquél, y donde se filmó la liberación “en vivo” de dos víctimas del secuestro junto con su detención. Dicha transmisión fue señalada desde entonces como un montaje, sirviéndole ello a la propia Cassez de argumento fundamental en su defensa.
El caso, que generó un fuerte conflicto diplomático entre México y Francia -era Presidente de México Felipe Calderón-, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitiéndose un amparo en enero de 2013 en que se ordenaba la inmediata liberación de Cassez por haberse violado sus derechos humanos, incluido el debido proceso, desde su detención hasta el curso del mismo; aunque muy curiosamente no se falló sobre la culpabilidad o inocencia de la acusada. Vale la pena anotar que en una entrevista al periódico La Razón la hoy Secretaria de Gobernación y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, declaró que el operativo de la especie era un montaje -“nunca fueron secuestradores”- que se hizo en ese momento por la Agencia Federal de Investigaciones de la que fue director García Luna en la época del Presidente Fox. En suma, qué grave, repito, que se haya llegado a esos extremos, en caso de probarse, movilizándose la maquinaria constitucional y legal del Estado para en rigor favorecer la impunidad, alterar los hechos y simular en beneficio propio fingiendo lo que no es.
Lo deseable, a toda costa, es que ahora se indague a fondo demostrándose cabalmente que la limpia de la suciedad gubernamental va en serio. Demostración, si se da, que eliminará cualquier sospecha turbia que pudiera empañar la justicia que el pueblo pide. Momentos difíciles, en que hay que distinguir con absoluta claridad los justos reclamos de la nación de los arranques viscerales y pasionales. Que no canten las sirenas y que quien debe hacerlo tapone bien sus oídos.
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