El lunes 16 de mayo, la Convención Constitucional chilena, cuyo objetivo ha sido redactar una nueva carta magna para el país andino, presentó el primer borrador de ésta.
Cabe recordar que, como resultado de los movimientos sociales de octubre de 2019, cuando miles de personas salieron a las calles a mostrar su inconformidad contra el orden político, social y económico imperante en ese país, el Gobierno de entonces planteó la elaboración de un nuevo texto constitucional como respuesta a esa crisis.
La propuesta recibió el 78.9 por ciento de aprobación ciudadana en el plebiscito que se realizó el 25 de octubre de 2020.
En este contexto, y una vez elegidos las delegadas y los delegados de la Convención, por medio de voto universal y directo en mayo de 2021, se iniciaron los trabajos para la redacción del borrador.
El proyecto constitucional ha recogido las demandas de la ciudadanía y busca romper con el pasado dictatorial y militar del país, así como combatir la injusticia social y económica, además de profundizar la democracia participativa y representativa en el sistema político chileno.
Entre los cambios aprobados en el texto se incluyen derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, los sexuales y reproductivos, a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad de asociación, a la vivienda, a la salud y los laborales, entre otros.
Se crea, por ejemplo, un Sistema Nacional de Salud y se obliga al Estado a fortalecer el sistema público en esta materia. Asimismo, el Estado será garante en educación, vivienda digna y una pensión.
En cuanto a la educación, el texto propone que ésta sea de acceso universal en todos sus niveles, y obligatoria desde el primer nivel básico hasta la formación media.
En relación con el sistema político, la propuesta de nueva Constitución establece un régimen presidencial, con un bicameralismo asimétrico en la rama legislativa de gobierno, que estará integrada por un Congreso de Diputadas y Diputados electos de manera proporcional, así como una Cámara de las Regiones en que cada una de las 16 regiones de Chile contará con al menos tres representantes. Este segundo órgano sustituirá al Senado y podrá revisar leyes que le competan.
Existirá una Corte Constitucional, compuesta por once integrantes, que sustituye al Tribunal Constitucional.
Respecto al medio ambiente, el texto reconoce la crisis climática y ecológica mundial y hace responsable al Estado de adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos relacionados con el cambio climático.
La propuesta de nueva Constitución establece que Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural, el cual debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación a la estructura estatal.
En lo relativo a las autonomías regionales, el texto propone que Chile sea un país regional conformado por entidades territoriales autónomas, política, administrativa y financieramente. Esto, por ejemplo, buscaría dar respuesta a uno de los conflictos más arraigados en la Araucanía y otras regiones del sur chileno, que tiene que ver con el enfrentamiento del pueblo Mapuche con el Estado y empresas forestales de grupos económicos que explotan tierras consideradas propiedad de esta etnia indígena.
El proyecto de nueva carta magna es un paso fundamental en la búsqueda de la resolución de las demandas de la ciudadanía y de los pueblos originarios chilenos, que se han visto dañados, maltratados y transgredidos en sus derechos durante años.
La propuesta será votada por medio de un plebiscito de sufragio obligatorio el 4 de septiembre de 2022. Si no es aprobada, continuará vigente la Constitución de 1980. En tal sentido, tanto el presidente Boric como la mayoría de las y los chilenos saben que un nuevo pacto social es indispensable para consolidar no sólo el cambio legal, sino la verdadera transformación por la que se votó en octubre de 2020.
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