Por Ricardo Gallegos
Las Participaciones Federales (Ramo 28) constituyen la principal fuente de ingresos para los estados mexicanos; estos proviene de la Recaudación Federal Participable (RFP) y son resultado de la coordinación fiscal entre entidades y federación. Se les denomina ingresos no etiquetados, pues pueden utilizarse sin ninguna restricción para el pago de deuda, el gasto corriente u obra pública. Lo más normal es que, junto con el ramo 33, el cual sí está etiquetado, estos recursos alcancen entre el 85 al 90% de la totalidad de los ingresos de cada entidad y de ahí su importancia.
Durante el inicio de este año, se inició con una expectativa muy positiva de que las participaciones alcanzarían crecimientos muy importantes, principalmente por una recuperación generalizada de la RFP, producto del comportamiento económico; en general, se estimó que, en promedio, las participaciones crecerían un 14%, lo cual, comparado con los años previos, fue una expectativa muy positiva. Si bien esto no ocurriría para todos los estados en general, esto se proyectó en los presupuestos respectivos de cada una de las entidades.
Sin embargo, durante el primer cuatrimestre del año, los recursos no estaban entrando a los estados como se había estimado. La razón principal fue por un diferimiento del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que PEMEX transfirió a la SHCP, y que impactó negativamente en la RFP. Esto provocó que, dado el nivel de dependencia, muchas entidades resintieran de manera muy importante una baja en su flujo de efectivo durante los primeros meses del año; algunos de ellos incluso tuvieron que optar por créditos de corto plazo para afrontar esta situación.
Algo que estabilizó los ingresos a mediados del año fue, por un lado, la RFP, que, después del diferimiento del DUC, se fue reconstituyendo; por otro lado, también se generaron recursos por una nueva bursatilización de fondos de estabilización. Con lo anterior, las entidades lograron alcanzar las expectativas de ingreso para lo que resta del año.
Sin embargo, vale la pena aclarar aquí dos retos. Primero, el diferimiento del DUC, el cual se deriva de un apoyo importante de la federación a Pemex, fue una acción que sí provocó un estrés no contemplado en las finanzas públicas nacionales, especialmente cuando el porcentaje fue más alto de lo que se acababa de aprobar en la Ley de Ingresos para 2024; estimaciones previas calculan un impacto de 31,000mdp menos, recursos que ya no llegarán al sector subnacional.
Segundo, las bursatilizaciones de los ingresos de estabilización durante los últimos años han servido justo para estabilizar estos ingresos, pero estos recursos se tendrán que pagar con los ingresos futuros, por lo que estos fondos no se están reconstituyendo de manera natural y dejan expuestos al sector de una manera muy importante. Ante una situación de estrés en el futuro cercano, por decirlo de manera sencilla, ya casi nos acabamos estos ahorros.
Estos dos fenómenos deberán ser contemplados dentro del proceso de planeación y presupuestación en toda la república, ya sea a nivel estatal o municipal, con el contexto de que el próximo año habrá elecciones a nivel federal y en nueve estados de la república. Al igual que a nivel federal, seguramente no en 2024, pero sí en 2025, deberá repensarse la necesidad de una reforma fiscal. Al tiempo.
*Director General Adjunto de Análisis Económico en HR Ratings
