El escenario global determina en gran medida las finanzas públicas por su enorme impacto financiero en cuanto a volatilidad del tipo de cambio y aumento sistemático de tasas de interés. También impacta la guerra comercial, el neoproteccionismo y los neopopulismos que trascienden la geografía política tradicional, ya que se erigen de derecha y también de izquierda.
El precio internacional del petróleo tiene efectos directos en la administración financiera, por lo que significa en los ingresos del gobierno y también porque sirve de precio de referencia de los combustibles en México que tienen impacto en la inflación. Es así que el primer condicionante para contar con un buen presupuesto radica en las premisas económicas de planeación y un adecuado margen de maniobra, por si las variables de referencia se expresan diferenciadamente en el año. Tanto los flujos de ingresos, como los egresos se basan en ellos. Sin duda, habrá que aprender a trabajar con incertidumbre y volatilidad en los mercados.
Otro condicionante que no es menor, son los objetivos de política económica en los que se fijan las bases del desempeño de los fundamentales de la economía, ampliamente dominados por la visión neoliberal del crecimiento, más enfocada a la desregulación y el control de la inflación. Aún así, el gasto social es un componente de la estrategia global de desarrollo, sobre todo en materia de educación, salud y combate a la pobreza. Cumplir con las promesas de campaña y el proyecto que le dio el triunfo al presidente electo, también se constituyen en condicionantes del presupuesto para el próximo año.
El enfoque neoliberal ha insistido en el escaso margen de maniobra para estirar el presupuesto en combinaciones diferenciadas de ingresos propios y endeudamiento, visión que aportó en poco más de dos décadas un crecimiento del gasto corriente, los costos crecientes del servicio de la deuda y las pensiones, así como escasa inversión pública en relación al PIB.
En la opinión pública destacan las versiones de que no alcanzará el presupuesto para cumplir las expectativas de “cambio de régimen” propuesto por el presidente electo y su equipo de trabajo, el cual a su vez ha socializado enfoques y propuestas de gobierno, así como el desarrollo de diversas consultas mediante foros, reuniones sectoriales, convocatorias por Twitter —nada más ni nada menos— que para definir el acrónimo del T-MEC, así como la controversial consulta ciudadana para la cancelación del NAIM.
La dualidad del proceso de transición abrió un espacio político inédito en el país. Por un lado, el presidente electo y su equipo de transición manejando la agenda del cambio, y sobre todo, el protagonismo mediático. Por otro lado, el Congreso y sus mayorías institucionalizan sus agendas y promueven cambios legislativos con impactos, no sólo en la vida pública, sino también en las reglas económicas para la competencia, como la iniciativa de revisión de las comisiones bancarias que emana directamente del líder del senado.
No sólo se prepara la Ley de ingresos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la eliminación de las pensiones a los expresidentes directamente relacionadas con la oferta política de Morena, sino que también surgen iniciativas de compensación social, justicia y desarrollo sostenible de una mayoría que ha tomado el control del Congreso y que reiteradamente sostiene que la corrupción presupuestal se acaba desde los “moches” y otras prácticas que condicionaban, politizaban y desviaban hacia intereses particulares los recursos públicos. Así que la visión de las y los congresistas será otra condicionante para un diseño presupuestal funcional a los objetivos del nuevo gobierno y a las altas expectativas de cambio sembradas en sus promesas.
Sin duda, la lógica marca la necesidad de lo que en ambiente empresarial se le denominó “reingeniería” a mediados de los 90 y que hoy se expresa en la “gestión del cambio estratégico”. En un mismo paquete, acomodar una “reingeniería organizacional” del gobierno, con nuevas secretarías de Estado, nuevos enfoques de los servicios públicos y en donde destacan las coordinaciones federales estatales que también marcan un efecto organizacional, junto con el tema de los salarios de los altos funcionarios que apunta a la “reingeniería de costos”. Aquí destaca la venta del avión presidencial e incluso la cancelación del proyecto del NAIM.
Para estirar la liga para la “reingeniería presupuestal” y que los recursos alcancen para la condicionante de las promesas de campaña, se sostiene un ahorro por corrupción de 500 mil mdp producto de una “reingeniería de programas” con un enfoque diferente, de simplificación y de atención directa, sin intermediarios con la población objetivo de los mismos.
Un paso decisivo para una transición de gobierno exitosa radica en la oportunidad histórica de hacer la reingeniería presupuestal de la mano con el gobierno saliente y con una Cámara de Diputados plural dominada por Morena.
Una ley de ingresos y un presupuesto de egresos responsables, será garantía de estabilidad económica y financiera. Una prueba más para la confianza en México y sus instituciones, pero sobre todo, será una plataforma consistente para el despliegue del desarrollo de nuevas formas del “Estado de Bienestar” mediante políticas públicas de inclusión social y desarrollo económico sostenible.
Vicepresidente de Canacintra
