Los grupos de la delincuencia organizada están contendiendo con las autoridades y con el Estado mismo para tener una capacidad delictiva que raya en el control político y territorial, afirmó el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, en entrevista con “La Jornada”. Esto es grave, muy grave, y reconocido nada menos que por el propio Fiscal. Rebasa los límites de la advertencia y se vuelve un señalamiento. Pero no se trata de algo nuevo.
Gertz Manero señala que comenzó hace veinte años y que es un problema que aún no se resuelve. Y he aquí algo desconcertante. Dice el Fiscal que la nueva Fiscalía tiene la tarea de ser el abogado del Estado mexicano, del Estado y no del gobierno; añadiendo que la Fiscalía está para defender los intereses y la gobernabilidad del Estado de conformidad con las denuncias que se le presenten y las pruebas que se le acrediten. Entonces, concluye, la seguridad pública no es de ninguna manera una de sus funciones.
Ahora bien, aunque es cierto que la Fiscalía es el abogado del Estado no se debe olvidar que el gobierno, lo mismo en la teoría política que en la realidad, es el órgano superior del Poder Ejecutivo de un Estado, lo que implica una vinculación entre ambos; o sea, el gobierno es la expresión de los intereses del Estado y éste es inconcebible sin aquél ya que se quedaría entonces como el Principito de Saint-Exupéry, sin súbditos, gobernando en el vacío y en la utopía. La seguridad pública es por supuesto una función de la Fiscalía, como parte que es del Estado y del Gobierno, en los términos del artículo 21 constitucional que a la letra dice: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.
La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala” (última actualización 02/07/2020). En consecuencia, “la seguridad pública abarca la investigación y persecución de los delitos”. Pero en suma, la Fiscalía General de la República tiene por objeto (art. 1º de su Ley Orgánica) reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las demás disposiciones aplicables. La Fiscalía General de la República, pues, tendrá como fines (art. 2º de su Ley Orgánica) la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla tanto como a la prevención del delito.
No hay duda, la Fiscalía es parte del Sistema Nacional de Seguridad y con base en ello las policías, los ministerios públicos, las autoridades penitenciarias y las dependencias de seguridad pública a nivel federal, local y municipal trabajarán de manera conjunta, lo que permitirá que el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública refuerce y consolide la estrategia de Seguridad del Estado. Olvidarlo u omitirlo es abandonar una gran responsabilidad, hoy más que nunca fundamental para México, y que le corresponde igualmente al Estado y al Gobierno.
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Profesor Emérito de la UNAM
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