El paso del Atila tabasqueño devasta a una República a la que, no es novedad, había prometido destruir. Inolvidable el “Al diablo las instituciones”, premisa que cumple como manda de borracho juramentado.
Liquida instituciones y se multiplican las violaciones a la Constitución, cuando se le mete salir con alguno de sus autoritarios caprichos. Caprichos que tienen trastienda: ocultan esa corrupción que alardea de combatir, notoria y pública, a pesar del hipócrita discurso.
Acababa Carlos Loret de Mola de destapar los contratos irregulares de la obra del aeropuerto de Santa Lucía, cuando asomó el Maquiavelo autóctono a emitir un Decreto que blinda sus obras de infraestructura, considerándolas como de seguridad nacional. No se vuelve a poder investigar ningún contrato de la oficialidad.
A partir del Decreto se simplificarán los trámites. Si a los cinco días no se otorgan las licencias y permisos, automáticamente se podrán iniciar los trabajos durante un año, sin dar cuenta del impacto ambiental, la afectación a terceros y el largo etcétera que supone la violación a tantos Derechos Sociales.
Se desprotege a la sociedad, en la impotencia de no poder acudir a un Amparo para exigir el cumplimiento de sus garantías, cuando la oficialidad las transgrede. Se deja a la población inerme frente al abuso del poderoso y le quita su derecho a la transparencia y la rendición de cuentas, obligación primaria de todo gobierno.
No sabremos cómo y en qué se gastan nuestros impuestos -los que son una pesadilla, en razón del terrorismo fiscal de la señora “Buenrostro” (Malacara)-. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) pierde su materia de trabajo y dejará de iluminarnos con las cuentas que tienen que dar los funcionarios.
Una aberración contraria a la Constitución y a Tratados Internacionales, con los que México está comprometido como una democracia y no una dictadura. Los dientes del lobo autoritario nos devuelven a la realidad de la 4T y al tirano de Palacio, quien a falta de argumentos sale con frases estultas, como la de “es para facilitar los trámites”.
Un mandamás sin palabra, que traiciona a quienes fueron sus fieles colaboradores, como lo hace con Arturo Herrera. Al exsecretario de Hacienda, a quien bajó del cargo, dizque para mandarlo al Banco de México, lo truca por una desconocida damisela -Victoria Rodríguez-, que fungía como subsecretaria.
Surgen especulaciones y se buscan respuestas lógicas. Imposible hallarlas, cuando el país se mueve por la visceralidad del dictador. La respuesta ha sido contundente. Se preparan demandas en la Suprema Corte, las que tendrá que hacerlas el INAI.
Se confirma la ramplante corrupción del Régimen, del que dice que no tiene que dar cuentas porque “ellos son honrados”. Si lo fueran serían los primeros en develar hasta la última cifra, a sabiendas de que, el que nada debe nada teme.
De su “honestidad”, la de sus allegados, o la de un Ejército al que está empeñado en corromper, a base de dádivas, hay tantas dudas, como de su calidad de funcionarios que rompen con reglas esenciales para la transparencia, como las licitaciones. Más del 80 por ciento de los contratos son por adjudicación directa.
Habrá que esperar la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, a la que también coopta, ahora con la llegada de Loretta Ortíz, otra incondicional, al sitial de ministro.
Al Decreto, habría que denominarlo, ¡La Puntilla!
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