Se liquida el código de ética -que manejaba la delincuencia organizada- y caemos en la barbarie pura. El asesinato de los dos Jesuitas y un guía turístico en la Tarahumara, debería abrirnos los ojos sobre la realidad nacional. Vivimos la peor inseguridad, de que se tenga memoria, con un desgobierno negligente, ajeno, irresponsable y cínico, frente a una problemática que aflige a millones de mexicanos.
Habría que decir ¡Basta!, como en su momento lo dijo el comandante Marcos. Estamos exhaustos de escuchar sandez y media desde el púlpito de palacio, cuando a nuestro alrededor solo hay tinieblas e incertidumbre y nos sentimos abandonados a nuestra suerte. Nunca, como ahora, un gobierno falló tanto en proporcionar alivio a esta percepción que ahoga a la ciudadanía. Por el contrario, insiste en su estúpida y falaz estrategia de los abrazos y no balazos, protegiendo, desde la máxima jerarquía, a una delincuencia propietaria de enormes regiones de la República.
El que lo niegue trata de lavarse el “coco”, ante una realidad aplastante. El homicidio del Padre Joaquín Mora, el padre Javier Campos y el guía de turistas, Pedro Palma, habla por sí solo de la pérdida de cualquier límite, de estos sátrapas que se consideran propietarios del territorio, en vista de la impunidad absoluta, frente a sus delitos.
Más indignante aún el saber que, en abril pasado, la marina estuvo a punto de aprehender al presunto autor, José Portillo -El Chueco-, feroz individuo que debe vidas al por mayor -otro cuento como el del culiacanazo y Ovidio-. Hace ya tres años, el entonces desgobernador, Javier Corral, también declaró que “estaban a punto” de detenerlo. Ejecutivos van y vienen, sin que jamás ninguno se ocupara de los Rarámuris. Han sido los Jesuitas quienes, desde siglos atrás, se establecieron en la agreste sierra. En pleno desafío de las difíciles condiciones, incluso para acceder a estos lugares, fundaron la misión, a la que Paulo VI le dio el carácter de Diócesis, en 1975, bajo el liderazgo de Monseñor José Llaguno.
Un pequeño grupo de religiosos de la orden de Ignacio de Loyola, trabajan de la mano de estas comunidades, a las que ayudan con educación, defensa de sus Derechos Humanos, salud y en todo aquello que implica un verdadero acompañamiento.
Esa fue la misión de años de los padres recién asesinados, dice la fiscalía chihuahuense que por un conflicto de la pérdida ¡de un partido de beisbol!, que el chueco se quiso cobrar. Suena absurdo y ridículo, como también lo fueron las declaraciones de la actual mandamás, Maru Campos, quien primero dijo que eran “víctimas circunstanciales” y luego salió exultante a declarar que se habían encontrado los cuerpos que los malosos se habían llevado, gracias al enorme esfuerzo de su policía. ¡Dioses del Olimpo!, ¿no podrían haber hecho ese “enorme esfuerzo” para pescar al bandido de Marras a tiempo y evitar que siguiera regando sangre?
La Tarahumara es un lucrosísimo negocio para la delincuencia, entre la tala de árboles y la siembra de estupefacientes. Sin duda, ha habido y debe haber, colusión de autoridades de todos los niveles, que comparten la delictuosa empresa.
Los Jesuitas y todo México con ellos, exigen justicia. Justicia y paz para la Sierra Tarahumara y el resto del país convertido en cementerio, gracias a la irresponsabilidad, el cinismo y el contubernio con las mafias del tabasqueño y de sus réplicas estatales.
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