Así fue la resolución de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas. Inconcebible una sentencia por la que obligan a que se forme una Comisión por la Verdad y la Justicia, encabezada por los padres de los normalistas desaparecidos. Rebasa las potestades de estos juzgadores.
También ordenaron se les reponga el procedimiento a la esposa del exPresidente Municipal de Iguala (Abarca), María de los Ángeles Pineda y a los cuatro sicarios confesos de haber detenido, ejecutado y quemado a los jóvenes.
Está plenamente comprobada, la pertenencia al Cártel Guerrero Unidos, de la “señora Abarca” y los individuos que, con una frialdad aterradora narraron sus fechorías de la trágica noche de Iguala.
Se cumplieron tres años (Septiembre 26 del 2014) de una de las páginas más negras de la historia y, hasta ahora, sigue sin esclarecerse. Las familias de los jóvenes asisten a manifestaciones, a la vez que viajan al extranjero, exigiendo el que se encuentre a sus hijos.
Los errores en la comunicación de Peña Nieto, favorecieron el que se le volteara la tortilla. Lo que fue un crimen en un municipio guerrerense perredista, con un gobernador del mismo Partido, se convirtió en “Crimen de Estado”.
El primer yerro imperdonable fue el quedarse callado más de dos días, según dicen las malas lenguas por el consejo de su entonces asesor, Aurelio Nuño. Supongo que esperaban a que la sociedad fuera consciente de que había que atribuirles los sucesos a los desgobernantes del Sol Azteca, responsables directos. Les salió el tiro por la culata.
Los opositores aprovecharon para lavarse las manos y señalarlos con dedo flamígero, evadiendo su responsabilidad, mientras convencían a una sociedad siempre dispuesta a culpar de todos los males, a los de arriba y a desconfiar de su palabra.
Salieron sobrando explicaciones y el descrédito marcó a un Régimen al que le colgaron el milagrito. Cuando quisieron curarse en salud, contrataron a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que cobró carretadas de oro y tampoco fue capaz de ni medio establecer algunas líneas originales de investigación. Su estancia de un año, acabó como el Rosario de Amozoc, en tanto el tema acabó de politizarse.
Haga lo que haga, un mandato en tela de juicio por corrupción (La Casa Blanca), jamás tendrá la credibilidad, para exponer hipótesis sobre una tragedia de semejantes dimensiones. Peor, cuando la investigación de la PGR tiene un cúmulo de fallas y errores.
Politizar la justicia es una aberración. Se tuercen directrices y se extravía la verdad. Ayotzinapa es el mejor ejemplo. En el tiempo transcurrido surgen versiones distintas, de acuerdo al color de quien las emite.
Espeluzna el volumen del tráfico de drogas en la zona. Se sabe que son los principales proveedores de Chicago. Los cárteles que operan, lo hacen a plena luz del día, con la complicidad de las autoridades locales, del Presidente Municipal, hacia arriba y hacia abajo. Los capos consiguen lo inaudito: tender un velo de confusión sobre las desapariciones y van más lejos al lograr el que se repongan los procedimientos de sus sicarios y la dama de Marras.
¿Y la Comisión de la Verdad? Poco puede esperarse, cuando sus integrantes están impregnados de subjetividad. Al paso del tiempo las pruebas desaparecen, se deterioran. Una tragedia politizada, inmersa en el descrédito, además de en la manipulación de grupúsculos. Más que justicia, revancha.
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