De “Devastador para el país”, había calificado Carlos Salazar la posibilidad de la cancelación de la planta de la cervecera Constellation Brands, en Mexicali. Su pronóstico, para desgracia de nuestra enclenque economía y de los millones de aztecas que la sufrimos, se hará realidad.
La empresa de Marras, ahora propietaria del Grupo Modelo, anunció hace unos cuatro años, que invertiría mil quinientos millones de dólares en el proyecto, para distribuir sus “chelas” a la vecindad gringa.
Consiguió cuanto permiso y licencia eran necesarios, en vista de que, una obra de esos tamaños crea empleos y trae bienestar a los pobladores de la región. Actuó apegada a Derecho y concluido el laberinto jurídico, empezó los trabajos. No contaba con el rechazo de un minisector local que decidió que les iba a quitar el agua (Por la cantidad que usaría para producir).
Empezó el jaloneo, pero las autoridades otorgaron su anuencia, la que sacó de quicio a los “defensores” del acuífero del Valle de Mexicali y del Río Colorado. A su pesar comenzó la construcción y a la fecha se han gastado la friolera de mil cuatrocientos millones de dólares.
Todo fue que el relajo le llegara a AMLO y decidiera, como es su insana costumbre, someter el funcionamiento o la cancelación de los trabajos, a una consulta popular.
Baja California está en manos del sátrapa, Jaime Bonilla (El que se quiere quedar cinco años, no obstante se le votó por dos) y la capital, Mexicali, la preside otra “morena”, Marina del Pilar Ávila.
Acordes con su gurú de Palacio, confirman su desprecio al orden jurídico, al favorecer la tomadura de pelo del fin de semana, que liquidará a la cervecera. Para los seguidores del demencial rechazo a los empresarios, la ruptura del Estado de Derecho les debe parecer la gloria. Para quienes tratamos de comer tres veces al día y sabemos que sería imposible si no hubiera inversiones, nos aterra.
Les valió la amenaza del coronavirus (Mexicali tiene cuatro casos) y de manera desorganizada, sin suficiente información se hizo la “consulta” el pasado fin de semana. De un padrón de más de 700 mil personas, votaron poco más de 36 mil, lo que equivale a un triste 3.5 por ciento.
Hubo acarreo, acoso e incluso violencia contra quienes estaban a favor y se saltaron la orden de suspensión de un juez. Farsa pura. La subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Maury, declaró que la Conagua negará el permiso para operar y que, las autoridades federales contactarán a la empresa ¡para subsanar los daños!
A la fecha, habían invertido mil cuatrocientos millones de dólares que, aunque se los regresaran, les supondrían pérdidas importantes. Y, el que se los devuelvan, en franca crisis económica por la pandemia, está en japonés.
Increíble el que se rompa el orden jurídico, por capricho. Para la Iniciativa Privada es un golpe peor al de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. O, ¿alguien se atrevería a poner un negocio en un país que rompe contratos cuando se le da su gana?
El tlatoani salió con la cantaleta de que era una construcción aprobada en el pasado. El Derecho no desaparece por un cambio de Régimen, por lo que se tienen que respetar contratos y operaciones validadas en el sexenio anterior.
Las consecuencias de esta aberración, las pagaremos todos y agárrese el que pueda, porque con actos de esta naturaleza el actual desgobierno reitera su falta de respeto a la norma, a la ley, al mandato Constitucional.
@catalinanq
