/ miércoles 7 de febrero de 2018

Dinero, dinero, maldito dinero

Pocas medallas puede colgarse Javier Corral, después de su confrontación con la Secretaría de Hacienda, por el dinero que se le adeudaba a Chihuahua. Alardea de que triunfó su lucha contra la corrupción, pero la realidad es que, después de su acuerdo con Gobernación, si mucho, sale “tablas”.

Enardeció a la población, le hizo creer que todo era para que se hiciera justicia contra los “malosos”, se lanzó a su famosa caravana y, horas antes de que llegaran hasta el Ángel de la Independencia -Ciudad de México-, el Palacio Negro de Bucareli fue testigo del canje del “secuestrado”, por la billetiza.

Lo de dinero mata reclamo, funcionó para una federación, siempre dispuesta a “negociar con el enemigo”, a cambio de dejar las reglas del juego intocadas. O, ¿a partir de ahora, la Secretaría de Hacienda dejará sus mañas de entregar los fondos estatales, según se negocien en lo oscurito?

Las exigencias del mandamás del norteño estado se centraban en la pronta extradición de su predecesor, César Duarte y el envío de la partida que se le adeudaba. “A cambio”, él permitiría que Alejandro Gutiérrez pasara de un penal estatal, a uno federal.

El meollo de la acusación, contra el exsecretario de finanzas del PRI, estriba en el desvío de 240 millones de pesos que, a través de una triangulación con Hacienda, fueron a dar a campañas del Tricolor.

Lo grave es el destape público, del mal uso de los fondos del erario, para beneficiar a candidatos, delito frecuente difícil de detectar y de probar. El fiscal estatal y su jefe inmediato, echaron mano de cuanto recurso pudieron –incluida la tortura psicológica del indiciado-, para incriminar a la gruesa cadena que lleva hasta la cúpula del Revolucionario Institucional.

La trayectoria de estos fondos clandestinos –que constituyen un delito, que puede costarle el registro al organismo político culpable-, pasa por muchas manos y enloda a políticos de la más alta jerarquía. Lo saben todos y, como en los códigos de los mafiosos, todos lo callan.

En cuanto a César Duarte, exmáximo poder de la entidad, la PGR solicitó la extradición, pero sólo por tres delitos –cuando la fiscalía chihuahuense le finca once-. Se percibe debilísima (O por completo manipulada) a una Procuraduría incapaz de armar expedientes acordes a los crímenes cometidos, por estos saqueadores.

El globo se desinfló al primer pinchazo. Las mieles dejaron atrás las hieles y en plena retórica, el gober que se decía mega “empadronado” y el reluciente mandamás de gobernación, fumaron la pipa de la paz.

Plausible el que se lleguen a acuerdos; condenable, el que se use la justicia con fines politiqueros. Al PRI le devuelven al “secuestrado”, se corre un tupido velo, se da tiempo al tiempo y el interfecto acabará exonerado.

Corral cobra a manos llenas, finge ser un luchador social y, en la misma medida, usa a la justicia como moneda de cambio. Por lo pronto, obtiene el mayor presupuesto, entre las entidades (2 mil 67 millones de pesos, además de los 900 extras, precio del “acuerdo”).

Siguen y seguirán las revanchas, las denuncias, las persecuciones –en muchos casos-, de funcionarios de alto nivel, de cara a las elecciones. Se consigna a exgobernadores, pero también a sus excolaboradores y lo mismo a quienes buscan acceder a candidaturas, como si la justicia hubiera despertado de una “siesta”, espabilada y rápida, para enjaular a las ratas. Como que huele a chamusquina.

catalinanq@hotmail.com

@catalinanq 

 

Pocas medallas puede colgarse Javier Corral, después de su confrontación con la Secretaría de Hacienda, por el dinero que se le adeudaba a Chihuahua. Alardea de que triunfó su lucha contra la corrupción, pero la realidad es que, después de su acuerdo con Gobernación, si mucho, sale “tablas”.

Enardeció a la población, le hizo creer que todo era para que se hiciera justicia contra los “malosos”, se lanzó a su famosa caravana y, horas antes de que llegaran hasta el Ángel de la Independencia -Ciudad de México-, el Palacio Negro de Bucareli fue testigo del canje del “secuestrado”, por la billetiza.

Lo de dinero mata reclamo, funcionó para una federación, siempre dispuesta a “negociar con el enemigo”, a cambio de dejar las reglas del juego intocadas. O, ¿a partir de ahora, la Secretaría de Hacienda dejará sus mañas de entregar los fondos estatales, según se negocien en lo oscurito?

Las exigencias del mandamás del norteño estado se centraban en la pronta extradición de su predecesor, César Duarte y el envío de la partida que se le adeudaba. “A cambio”, él permitiría que Alejandro Gutiérrez pasara de un penal estatal, a uno federal.

El meollo de la acusación, contra el exsecretario de finanzas del PRI, estriba en el desvío de 240 millones de pesos que, a través de una triangulación con Hacienda, fueron a dar a campañas del Tricolor.

Lo grave es el destape público, del mal uso de los fondos del erario, para beneficiar a candidatos, delito frecuente difícil de detectar y de probar. El fiscal estatal y su jefe inmediato, echaron mano de cuanto recurso pudieron –incluida la tortura psicológica del indiciado-, para incriminar a la gruesa cadena que lleva hasta la cúpula del Revolucionario Institucional.

La trayectoria de estos fondos clandestinos –que constituyen un delito, que puede costarle el registro al organismo político culpable-, pasa por muchas manos y enloda a políticos de la más alta jerarquía. Lo saben todos y, como en los códigos de los mafiosos, todos lo callan.

En cuanto a César Duarte, exmáximo poder de la entidad, la PGR solicitó la extradición, pero sólo por tres delitos –cuando la fiscalía chihuahuense le finca once-. Se percibe debilísima (O por completo manipulada) a una Procuraduría incapaz de armar expedientes acordes a los crímenes cometidos, por estos saqueadores.

El globo se desinfló al primer pinchazo. Las mieles dejaron atrás las hieles y en plena retórica, el gober que se decía mega “empadronado” y el reluciente mandamás de gobernación, fumaron la pipa de la paz.

Plausible el que se lleguen a acuerdos; condenable, el que se use la justicia con fines politiqueros. Al PRI le devuelven al “secuestrado”, se corre un tupido velo, se da tiempo al tiempo y el interfecto acabará exonerado.

Corral cobra a manos llenas, finge ser un luchador social y, en la misma medida, usa a la justicia como moneda de cambio. Por lo pronto, obtiene el mayor presupuesto, entre las entidades (2 mil 67 millones de pesos, además de los 900 extras, precio del “acuerdo”).

Siguen y seguirán las revanchas, las denuncias, las persecuciones –en muchos casos-, de funcionarios de alto nivel, de cara a las elecciones. Se consigna a exgobernadores, pero también a sus excolaboradores y lo mismo a quienes buscan acceder a candidaturas, como si la justicia hubiera despertado de una “siesta”, espabilada y rápida, para enjaular a las ratas. Como que huele a chamusquina.

catalinanq@hotmail.com

@catalinanq