La estrategia trazada contra el robo y ordeña de combustibles a Pemex, no sólo ha derivado en malestar y posiciones contrastantes -muchas de ellas ampliamente visibles en las redes sociales- sino también, en una polarización de la discusión pública por un asunto ignorado por al menos tres administraciones federales. El combate a estos delitos que sacaban de las arcas hasta 70 mil millones de pesos anuales, afecta peligrosos intereses de grupos delictivos bien identificados, mientras que el desabasto se masifica como malestar popular.
Mientras muchos automovilistas ven como desciende su marcador de gasolina, y con pena asumen la idea de formarse por horas para reabastecerse, en el aire queda la enorme duda de por qué ante tan atroz robo, tres administraciones toleraron estos delitos, aún y cuando con evidencias podrían haber establecido diversas estrategias para detenerlo décadas atrás.
Del 2000 al 2006, durante el sexenio de Fox, se contabilizaban oficialmente entre 189 y 136 tomas clandestinas según datos oficiales, mientras que de 2006 a 2012 las tomas para ordeña de ductos creció exponencialmente, pasando de 220, a 1635 tomas pirata. Sin embargo, este último sexenio fue el que más toleró el robo de combustibles, pasando de una media de 2871 tomas, a casi 12,600, lo que producía un robo diario de hasta 54 millones e pesos en combustibles.
En revisiones de Cuentas Públicas pasadas, la Auditoría Superior de la Federación, destacó que Petróleos Mexicanos (Pemex) no cumplía con sus metas para reducir el número de tomas clandestinas en el país, lo que derivaba en pérdidas diarias para la paraestatal cercanas a 54 millones de pesos diariamente, y a una afectación anual superior a los 20 mil millones de pesos, pues Pemex invertía, además en la reparación y saneamiento de tomas.
Atendiendo a un cálculo sencillo, de ser esta la media en el periodo de Peña Nieto, más de 132 mil millones de pesos, se perdieron por culpa de la corrupción e impunidad permitida en una paraestatal que intencionalmente fue desatendida con tal de que las cifras justificaran una reforma energética que fuera aprobada en disenso. Entre 2004 y 2016, cada hora se perforaron alrededor de 1.5 tomas clandestinas, un incremento de casi 6,000%, de acuerdo con un reporte de la Cámara de diputados. Información oficial, señala que en el periodo 2009-2016 la cantidad de combustible perdido ascendía a 14 mil 652 millones de litros, monto superior al que se registró con Felipe Calderón en los últimos cuatro años de su administración, hasta en un 55%.
Debemos reflexionar si esta primera ofensiva pone a prueba nuestra voluntad para transformar una cultura de la impunidad, si estamos dispuestos a sacrificar más por rescatar el Estado de derecho, o decididos a cohabitar con el delito, la impunidad, en complicidad con un mal que nos aqueja como país y sociedad en lo más profundo.
