Por Julieta del Río
Uno de los temas más sensibles sobre violaciones graves a derechos humanos en nuestro país es el caso Ayotzinapa porque involucra a jóvenes y a sus familiares en torno a un crimen contra 43 estudiantes para el cual se sigue pidiendo justicia. El reclamo social sigue presente en la conciencia nacional hasta conocer la verdad de los hechos y la reparación del daño a los afectados.
Las facultades que la Constitución confiere al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) implica pronunciarnos sobre cualquier recurso que solicite acceso a información valiosa; como en los informes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y los materiales relacionados a estos, recurso que expuse y determinamos en el Pleno del INAI que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República debe entregar esta información íntegra.
Vale la pena recordar que precisamente sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, y pensando en el acceso a la información como llave para el derecho a la justicia, fue en este tema cuando, por primera ocasión, el INAI ejerció su facultad para determinar el interés público de la información cuando existen violaciones graves y logró, a pesar de la reticencia de la Oficina de la Presidencia y de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR), abrir la versión pública de las investigaciones.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia podemos ver el interés de la sociedad en esta materia. A la fecha se encuentran 3 mil 527 coincidencias sobre Ayotzinapa, y entre las mil 499 solicitudes, las personas han preguntado sobre avances de la investigación, procesos de resguardo de oficios sobre el caso, resultados de investigaciones, gastos de estas, comunicación y trabajo entre instituciones, y más.
El caso Ayotzinapa exhibe cómo las omisiones y negligencias en el actuar de las autoridades afecta irremediablemente la integridad de las personas que se convierten en víctimas de desaparición. Mecanismos como la Comisión para la Verdad que revisan a detalle las pruebas, procedimientos y declaraciones oficiales, son un aliciente para alcanzar la justicia y castigar a los perpetradores.
La utilidad del derecho de acceso a la información es clara como instrumento para alcanzar la justicia. Existe un compromiso por apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y garantizarles que el acceso a la información en posesión del Estado no sea impedimento para que reciban una adecuada defensa legal.
Esta no es la primera vez que la información pública apoya en asuntos de enorme trascendencia y alto impacto social en México, así ha sido en casos como Acteal, El Halconazo, Atenco o el mismo Ayotzinapa.
Esperamos que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal atienda la resolución que emitimos desde el INAI. Los informes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa son documentos de amplio interés, igual que los documentos que sirvieron de fuente para su integración. Acontecimientos como el de Ayotzinapa nunca deben volver a repetirse en México y esto dependerá de encontrar y resolver las fallas estructurales del Estado que desencadenaron esta tragedia.
El INAI sí es útil y es muy necesario; el INAI es copartícipe en la búsqueda de justicia y esclarecimiento de violaciones de derechos humanos en México.
Comisionada del INAI
@JulietDelrio
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