/ miércoles 28 de febrero de 2024

Protección de datos ante violencia política por razón de género

Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI

@JosefinaRomanV

A propósito de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, vale la pena resaltar que nos encontramos en un momento histórico en materia de participación política de las mujeres ya que este año no sólo se disputarán más de veinte mil cargos de elección popular que por disposición constitucional, al menos la mitad tienen que ser ocupados por mujeres por primera vez son dos mujeres las candidatas a ocupar el cargo más alto del país, la Presidencia de la República.

Este contexto es el idóneo para hablar del gran reto que enfrentamos para garantizar la participación libre de violencia de las mujeres aspirantes, precandidatas y candidatas, ya que, de acuerdo con Instituto Nacional Electoral (INE) los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género incrementaron de 21 casos en 2020 a 301 en 2023.

Y es que la violencia política por razón de género concentra cualquier acción u omisión de ciudadanas o ciudadanos, servidoras o servidores públicos, periodistas o medios de comunicación en contra de las mujeres, por su condición de género, buscando dañar su integridad física, psicológica, económica y patrimonial, pero sobre todo desacreditar e inhibir la participación política de las mujeres y el ejercicio de sus derechos políticos-electorales.

Lamentablemente, para llevar a cabo este tipo de acciones se necesitan datos personales los cuales pueden ser mal utilizados por sus adversarios, sus propios partidos, o incluso de la ciudadanía, por ejemplo, difusión de datos personales o información de su vida privada, información falsa, imágenes o videos (incluso de índole sexual) u opiniones con sesgos basados en los roles y estereotipos de género; lo cual implica un tratamiento por varios medios, incluyendo los riesgos de doxing, noticias falsas o falsificaciones profundas con inteligencia artificial.

Lo anterior representa un indicativo de lo imprescindible que es el fomentar y garantizar el derecho a la protección de datos personales y privacidad de las mujeres contendientes para cargos populares en las elecciones que se avecinan, en condiciones justas que permitan a su vez proteger sus derechos y libertades fundamentales y así, coadyuvar al combate de la violencia política por razones de género.

Desde el INAI se hace un llamado para un trabajo en conjunto con las autoridades electorales, partidos políticos, contendientes y ciudadanía en general para sensibilizarnos sobre este tipo de actos, sus consecuencias y crear mecanismos que promuevan la no violencia de género y/o violencia política contra y entre las mujeres y perpetuación de estereotipos de género negativos en el ámbito político en el marco de una cultura y prácticas responsables, puesto que, también se hace necesario y urgente blindar las elecciones en contra de la violencia de género a través de una debida protección de datos personales.

Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI

@JosefinaRomanV

A propósito de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, vale la pena resaltar que nos encontramos en un momento histórico en materia de participación política de las mujeres ya que este año no sólo se disputarán más de veinte mil cargos de elección popular que por disposición constitucional, al menos la mitad tienen que ser ocupados por mujeres por primera vez son dos mujeres las candidatas a ocupar el cargo más alto del país, la Presidencia de la República.

Este contexto es el idóneo para hablar del gran reto que enfrentamos para garantizar la participación libre de violencia de las mujeres aspirantes, precandidatas y candidatas, ya que, de acuerdo con Instituto Nacional Electoral (INE) los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género incrementaron de 21 casos en 2020 a 301 en 2023.

Y es que la violencia política por razón de género concentra cualquier acción u omisión de ciudadanas o ciudadanos, servidoras o servidores públicos, periodistas o medios de comunicación en contra de las mujeres, por su condición de género, buscando dañar su integridad física, psicológica, económica y patrimonial, pero sobre todo desacreditar e inhibir la participación política de las mujeres y el ejercicio de sus derechos políticos-electorales.

Lamentablemente, para llevar a cabo este tipo de acciones se necesitan datos personales los cuales pueden ser mal utilizados por sus adversarios, sus propios partidos, o incluso de la ciudadanía, por ejemplo, difusión de datos personales o información de su vida privada, información falsa, imágenes o videos (incluso de índole sexual) u opiniones con sesgos basados en los roles y estereotipos de género; lo cual implica un tratamiento por varios medios, incluyendo los riesgos de doxing, noticias falsas o falsificaciones profundas con inteligencia artificial.

Lo anterior representa un indicativo de lo imprescindible que es el fomentar y garantizar el derecho a la protección de datos personales y privacidad de las mujeres contendientes para cargos populares en las elecciones que se avecinan, en condiciones justas que permitan a su vez proteger sus derechos y libertades fundamentales y así, coadyuvar al combate de la violencia política por razones de género.

Desde el INAI se hace un llamado para un trabajo en conjunto con las autoridades electorales, partidos políticos, contendientes y ciudadanía en general para sensibilizarnos sobre este tipo de actos, sus consecuencias y crear mecanismos que promuevan la no violencia de género y/o violencia política contra y entre las mujeres y perpetuación de estereotipos de género negativos en el ámbito político en el marco de una cultura y prácticas responsables, puesto que, también se hace necesario y urgente blindar las elecciones en contra de la violencia de género a través de una debida protección de datos personales.