El 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruíz Cortines promulgó el Decreto por el que se reforman los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reconocer los derechos político electorales de las mexicanas.
Este evento fue la culminación de una importante lucha que iniciaron diversas activistas políticas que, desde los Congresos Feministas y en distintos frentes, abogaron por el reconocimiento político de las mujeres.
A lo largo de estos 64 años, participamos en las conferencias mundiales sobre la mujer en la ONU y en 1975 fuimos incluso sede. En 1995, suscribimos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing; tipificamos los delitos de acoso sexual y violación cometida por el cónyuge y creamos un Instituto Nacional de la Mujer. Hemos abierto espacios y venciendo adversidades con el objeto de incidir cada vez más en el ámbito político nacional.
Hoy, el 32% del Senado está conformado por mujeres, pero solo 16% de nosotras preside una comisión; el 51% de los puestos de la administración pública federal están ocupados por mujeres, pero sólo tres son Secretarias de Estado. A la par, solo uno de los 32 Estados de la República se encuentra gobernado por una mujer.
Durante la presente administración, el gobierno de la República instituyó la transversalización de género en el Plan Nacional de Desarrollo; lo cual ha permitido que todas las instituciones y organismos del gobierno federal establezcan objetivos y metas para alcanzar la igualdad sustantiva.
Destaca también, el importantísimo avance de la reforma constitucional en materia política-electoral, la cual, además de instituir un sistema nacional de elecciones, por primera vez, garantiza que la mitad de las candidaturas sean ocupadas por mujeres.
Este principio de paridad ha significado una nueva conquista en la que el reconocimiento formal de los derechos político-electorales de las mujeres se vuelve material, porque ya no solo se prevé la redacción de un artículo, sino que se establecen mecanismos para garantizar que tanto mujeres como hombres puedan acceder a puestos de elección popular.
Si bien los avances institucionales han permitido alcanzar nuevos espacios, es necesario resaltar que la lucha contra la discriminación de las mujeres es una tarea constante, continua y permanente; todavía hace falta vencer las grandes desigualdades entre mujeres y hombres para construir un México plural, incluyente y respetuoso de los derechos humanos de las mujeres.
En la medida en que las mujeres avanzamos, se visualizan nuevos problemas como la violencia política-electoral. Basta mencionar que, de acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, en 2016 se registraron 146 casos de violencia contra la mujer en marco de las elecciones.
Es evidente que a pesar de los grandes avances que hemos emprendido en materia de igualdad sustantiva, aún hace falte vencer barreras que dificultan el acceso de las mujeres a los altos puestos de toma de decisiones.
El día 17 de octubre recordamos la conquista del voto y honramos a las valientes precursoras que abrieron el camino de las mujeres en la política, pero esta fecha también permite reflexionar, porque los avances todavía no son suficientes y porque la lucha debe ser constante y permanente.
Senadora por el PRI
graciela.ortiz.glez@gog.org.mx
@GOrtizGlez
graciela.ortizgonzalez
