Al cumplirse el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador los problemas son varios y de índole múltiple en la agenda de seguridad nacional. Sin embargo en los últimos meses un factor quedó al desnudo en voz del propio jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general Homero Mendoza Ruiz.
Dos días después del homicidio de nueve personas en los límites de Chihuahua con Sonora, entre ellos seis niños de la familia LeBarón, el recién ascendido general de división reconoció que esa zona donde había sucedido el ataque el ejército no la tenía “referenciada” como área de conflicto.
Aceptó que contaban con poco personal en el área, que corresponde vigilar a la Guarnición Militar de Agua Prieta. El jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), que es el órgano técnico, operativo y de administración del ejército, no tuvo reparo en reconocer que al no tener información del área prácticamente no tenían actualizado lo que desde hace una década ocurre en esa parte del país.
El poder del clan de los Salazar, que dominan buena parte del territorio sonorense para la organización de tráfico de drogas de Sinaloa al mando de Ismael “el Mayo” Zambada, basa su hegemonía no solo en el control de los cuerpos de seguridad locales, sino en el uso de la información sobre sus adversarios.
Llama la atención que los órganos de búsqueda de información, como los grupos de inteligencia de la cuarta zona militar con cuartel en Hermosillo, no hayan dado a sus reportes la suficiente dimensión estratégica de lo que sucedía en el corredor que va de Bavispe, Sonora a Janos, Chihuahua, que es la ruta que disputan los Salazar y el grupo conocido como la Línea.
Esta falla en la inteligencia militar, como sucedió en Culiacán el jueves 17 de octubre con el fallido operativo que abortó la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, exhibió la crisis que atraviesa la sección segunda (inteligencia militar), conocida como S-2, del EMDN.
Este sexenio comenzó con un dato que se consideró por mucho tiempo el secreto mejor guardado del ejército. Era un dato que solo al paso del tiempo muy pocos llegaban a conocer. Se trataba del nombre y grado del jefe de la inteligencia militar. El 1 de diciembre se supo que el general brigadier Fermín Hernández Montealegre, quien acababa de renunciar a la secretaría de seguridad pública de Sinaloa, había sido designado subjefe de inteligencia del EMDN.
El perfil de Hernández Montealegre estaba demasiado expuesto ante la opinión pública, según los canones castrenses vigentes hasta ese momento. No era “normal” que el responsable de vigilar y hacer valer el secreto en la información de inteligencia, apareciera en el portal de nómina transparente de la administración pública federal.
Más allá de los “usos y costumbres”, la crisis de la inteligencia militar abrió un frente que desde ayer es tema en la agenda bilateral. Por la masacre de integrantes de la familia LeBarón, la administración Trump amenaza con catalogar como organizaciones terroristas a los grupos de tráficantes de drogas que se disputan rutas y zonas en varias regiones del país. La disfuncionalidad del sistema de ingeligencia del ejército, derivó en un grave problema en la agenda geopolítica.
