El primer día de 2017 entró en vigor la disposición de la Secretaría de Hacienda para dejar el precio de las gasolinas que se consumen en el país a las fluctuaciones del mercado internacional, medida conocida como un “gasolinazo” porque generó un incremento súbito en el costo al público de ese combustible. Siguieron meses de incrementos al precio de las gasolinas, mitigados por algunos recortes fiscales en ayuda a los distribuidores para evitar mayores alzas en el mercado nacional. Sin embargo de esas disposiciones, como en el caso del dólar en 1976, las gasolinas quedaron en flotación, sujetas a los precios internacionales.
El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de los combustibles ha insistido en una negativa a un nuevo “gasolinazo”, es decir a una repentina subida del precio al consumidor. Contrariamente a ese populista propósito presidencial, el costo de ese carburante –cuya importación representa más de la tercera parte de la demanda del país—ha aumentado en el mercado internacional, particularmente como efecto de la reducción mundial en la oferta del petróleo a causa del conflicto provocado por la invasión de Rusia sobre Ucrania y la respuesta de los países del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que suspendió de raíz todo comercio con el gobierno de Vladimir Putin.
En términos reales, las condiciones del mercado internacional deberían suponer para México y otros países un incremento importante en el precio de las gasolinas al consumidor. El gobierno de López Obrador ha decidido contener el alza mediante la supresión de impuestos al consumo y el otorgamiento de estímulos fiscales cuyo costo para el erario, de mantenerse esa situación, se ha estimado en alrededor de 330 mil millones de pesos. Aunque la Secretaría de Hacienda, con el hermetismo ya característico de su titular Rogelio Ramírez de la O mantiene sin información ni comentario alguno los efectos del sacrificio fiscal sobre el gasto público, es evidente el impacto de más de 300 mil millones de pesos sobre el presupuesto de la Federación para el presente año. Hasta el momento puede decirse que el gobierno de López Obrador no ha evitado el aumento en los combustibles, sólo que hasta ahora el incremento en términos generales no se refleja en el precio al consumidor, salvo casos aislados de puntos de distribución en los que se han registrado costos de hasta 30 pesos el litro de gasolinas Premium; el incremento no ha afectado directamente hasta ahora al consumidor. Pero el daño a la economía resulta de una mayor trascendencia en la medida en que los recursos del presupuesto federal, integrado por dinero de todos los mexicanos está sufriendo una merma que obligará a la cancelación de obras, proyectos y programas importantes para toda la población y cuya repercusión en el crecimiento y en la inflación del país no podrá ser impedida. Con impuestos directos o sin ellos, los costos de este fenómeno están siendo pagados por todos los mexicanos. La cifra estimada de 330 mil millones de pesos es mayor al presupuesto asignado en este año a las obras de la refinería de Dos Bocas. Hasta dónde el gobierno de López Obrador resistirá los efectos de la crisis presupuestal provocada por el populista empeño de proteger al consumidor de gasolinas, en su mayoría perteneciente a las clases media y media alta de la población, es la pregunta.
La alta importación de gasolinas y gas no ha sido reducida con los intentos del gobierno a través de Petróleos Mexicanos de incrementar la producción interna mediante la rehabilitación de las refinerías que operan en el país. Tampoco parece solución la adquisición por parte de Petróleos Mexicanos de la planta Deer Park en Texas por los problemas y compromisos que ahí se tienen o la entrada en operación de Dos Bocas en Tabasco que en el mejor de los escenarios, según lo pregona el gobierno, producirá el 20 por ciento de la demanda nacional a partir de mediados de 2023. Además de esas circunstancias adversas, la política del gobierno de López Obrador en materia de combustibles está marcada por intenciones fallidas y propósitos impracticables o lesivos a la economía como la supresión de toda exportación de petróleo crudo para dedicar la producción, de suyo exigua en comparación con la de décadas anteriores, al consumo nacional. La inversión en refinerías, según se ha demostrado en el mundo entero, es un negocio poco rentable, sólo justificado para una mayor seguridad en el abasto de combustibles. Haría falta un esfuerzo verdadero para incrementar la producción de crudo en los campos existentes y la puesta en operación de nuevos yacimientos principalmente n el mar, todo lo cual no está dentro de los planes de la política petrolera de la actual administración.
