La Inteligencia Artificial (IA) se ha ido convirtiendo en un aspecto cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Desde hace unos años, distintos tipos de empresas y organizaciones se han valido de ella para automatizar procesos y ofrecer distintos tipos de servicios, como los llamados “chatbots” que encontramos en sitios web de bancos, tiendas departamentales o aerolíneas con el fin de servir como una primera línea de respuesta a las inquietudes de los clientes.
Sin embargo, la popularización de los modelos de IA generativa a partir del lanzamiento público de ChatGPT a fines del año pasado, ha desatado una carrera desenfrenada entre las grandes corporaciones por desarrollar y presentar versiones cada vez más completas y sofisticadas para generar contenidos. Desde luego, este tipo de AI ya es motivo de atención y discusión en ámbitos que van desde la medicina al periodismo y la educación y, como no podía ser de otra forma, también comienza a serlo en el ámbito de la política electoral.
Como en todo, la IA presenta grandes oportunidades en los distintos campos de aplicación que van desde ahorrar tiempo, hasta avanzar el conocimiento y fortalecer procesos de aprendizaje. En lo electoral, podría ser de gran utilidad en la planeación y uso de recursos, en el diseño de mensajes para diferentes grupos de ciudadanos, en el análisis de variables regionales que permitan generar propuestas más adecuadas a las realidades locales y, en el caso de países como México, donde existe la figura de las candidaturas independientes, en poder planear y llevar a cabo una campaña con menores recursos.
Sin embargo, en un ámbito como el de la IA, donde no existen aún ni lineamientos claros, ni mucho menos regulaciones, resulta inevitable enfatizar algunos de los principales riesgos que podría presentar en los contextos electorales. Hace apenas una semana, los estrategas de Partido Demócrata, en Estados Unidos, tuvieron una reunión cuyo principal foco de atención fue cómo enfrentar la explosión de contenidos falsos que muy seguramente van a inundar las redes sociales y a capturar la discusión rumbo al proceso electoral de 2024. Conscientes de que será casi imposible lograr la aprobación en el congreso de cualquier tipo de lineamiento o regulación antes de las elecciones de noviembre del ’24, su mejor apuesta es tratar de alertar al público acerca de una posible avalancha de contenidos falsos, potencialmente polarizantes y malintencionados.
Y mientras esto sucede en Estados Unidos, en nuestro país los riesgos (y oportunidades) de la AI ni siquiera se plantean en la discusión pública, concentrada en los dimes y diretes de los actores de un proceso electoral ya iniciado fuera de los tiempos legales. Si, por lo general las campañas en México se han caracterizado por la baja calidad de las propuestas y los argumentos, el riesgo es que ya ni siquiera se molesten en elaborarlos y presentarlos, concentrándose en oleadas de contenidos –basados en manipulación de imágenes, “deepfakes”, y videos—escandalosos, calumniosos y difamatorios generados en cantidades y velocidades no vistas. El riesgo, entonces, en un país en donde la clase política tiene poco apego a la legalidad –y en donde no hay siquiera ya no digamos lineamientos relativos al uso de la IA en campañas, sino discusión pública al respecto—es tener una verdadera guerra de lodo que termine por ser prejudicial para todo mundo.
En la era de las redes sociales, la propaganda no necesariamente busca convencer a la gente sobre algo, sino ofrecerle contenido que la mantenga desorientada y desconfiada, que la haga dudar y, en última instancia, enojar. Con la IA no sólo se multiplica este potencial y se incrementa la incapacidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso, sino que esta distinción deja de ser siquiera relevante. En la búsqueda de la ganancia electoral (de corto plazo) la clase política no alcanza a ver que, a mediano y largo plazos, la sociedad queda más fracturada, que se daña la legitimidad de las instituciones, que se incrementa la desconfianza interpersonal y la sospecha frente a toda información en general.
Con una clase política que tiene poco interés en discutir estos asuntos, con una autoridad electoral que carece del andamiaje legal y los mecanismos para hacer frente a esto, el periodismo profesional y los medios serios tienen la oportunidad de ir alertando a la ciudadanía de estos riesgos. Aún estamos a tiempo.
Doctor en Comunicación
