/ viernes 31 de diciembre de 2021

La necesaria evaluación económica

Por una #SociedadHorizontal


América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por la pandemia y apenas está saliendo de la que es la recesión más profunda de su historia reciente. El informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2021”, recientemente publicado por la CEPAL, señala que el impacto derivado del COVID-19 agravó los principales desafíos estructurales de los países de la región: 1) baja productividad; 2) desigualdades y vulnerabilidad social; 3) debilidades institucionales; 4) sostenibilidad medioambiental en riesgo.

Según el informe, “la pobreza y la pobreza extrema han alcanzado niveles no observados en los últimos 12 y 20 años respectivamente”, pese a que las políticas de demanda, “principalmente a través de transferencias no condicionadas, actuaron rápidamente para apoyar a los sistemas de salud pública, los hogares y las empresas”. El reporte sostiene que sin estas reacciones, las pérdidas de vidas y los aumentos de la desigualdad habrían sido aún mayores. “Sin las transferencias gubernamentales para mitigar la pérdida de ingresos laborales, el Índice de Gini habría aumentado un 5.5% respecto a 2019, en lugar del 2.9% registrado”.

Sirva esta referencia regional para enfatizar que, en el caso de México, el año que termina ha sido complejo en términos económicos. A lo largo de toda la pandemia, la principal queja del sector privado fue que no hubo apoyos a las empresas por parte del gobierno. Recientemente la OCDE dio a conocer que mientras en el tercer trimestre se registró un aumento del 1.7% en las economías del G-20, respecto al 2T, en países como México hubo decrecimiento. Los datos publicados por el INEGI muestran cómo la llamada “clase media”, pasó de 53.5 millones de personas que había en 2018, a 47.2 millones en 2020. Esto significa una caída de 6.3 millones de mexicanos.

No solo la pandemia golpeó al crecimiento; también lo hizo la falta de confianza por parte de los inversionistas. Las cifras del Banco de México dan muestra de que durante el tercer trimestre del año, la inversión en cartera mostró una fuga de capitales extranjeros y mexicanos, por el orden de los 14 mil 596 millones de dólares. Esta cifra significó un mil 147 por ciento superior a los 170.1 millones del mismo período de 2020. En paralelo, el índice de morosidad del Banco del Bienestar, orientado a financiar a sectores vulnerables, fue de 18.54% al cierre del tercer trimestre del año. Esto implicó un incemento del 7.51%, respecto al mismo período de 2020, en el que fue de 11.03%.

Llama la atención que estos datos contrastan con lo publicado en la última encuesta levantada por GEA-ISA. En dicho estudio, el porcentaje de la población que considera que la situación de su familia es buena (24%), ha superado a los que consideran que es mala (19%). También hay optimismo sobre la situación económica del país. La percepción positiva de la situación económica actual frente a la del año pasado creció de 9 a 17%, mientras que la negativa cayó de 34 a 23%.

De cara al 2022, el contraste entre datos duros y percepciones exige un análisis serio y profundo. Ha llegado el momento de hacer una evaluación detallada y objetiva sobre las decisiones tomadas por parte del gobierno federal para atender la crisis derivada del COVID-19. De cara al año que inicia, la #SociedadHorizontal deberá aprovechar la oportunidad para hacer planteamientos de largo aliento y fortalecer políticas públicas para una recuperación incluyente.

Por una #SociedadHorizontal


América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por la pandemia y apenas está saliendo de la que es la recesión más profunda de su historia reciente. El informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2021”, recientemente publicado por la CEPAL, señala que el impacto derivado del COVID-19 agravó los principales desafíos estructurales de los países de la región: 1) baja productividad; 2) desigualdades y vulnerabilidad social; 3) debilidades institucionales; 4) sostenibilidad medioambiental en riesgo.

Según el informe, “la pobreza y la pobreza extrema han alcanzado niveles no observados en los últimos 12 y 20 años respectivamente”, pese a que las políticas de demanda, “principalmente a través de transferencias no condicionadas, actuaron rápidamente para apoyar a los sistemas de salud pública, los hogares y las empresas”. El reporte sostiene que sin estas reacciones, las pérdidas de vidas y los aumentos de la desigualdad habrían sido aún mayores. “Sin las transferencias gubernamentales para mitigar la pérdida de ingresos laborales, el Índice de Gini habría aumentado un 5.5% respecto a 2019, en lugar del 2.9% registrado”.

Sirva esta referencia regional para enfatizar que, en el caso de México, el año que termina ha sido complejo en términos económicos. A lo largo de toda la pandemia, la principal queja del sector privado fue que no hubo apoyos a las empresas por parte del gobierno. Recientemente la OCDE dio a conocer que mientras en el tercer trimestre se registró un aumento del 1.7% en las economías del G-20, respecto al 2T, en países como México hubo decrecimiento. Los datos publicados por el INEGI muestran cómo la llamada “clase media”, pasó de 53.5 millones de personas que había en 2018, a 47.2 millones en 2020. Esto significa una caída de 6.3 millones de mexicanos.

No solo la pandemia golpeó al crecimiento; también lo hizo la falta de confianza por parte de los inversionistas. Las cifras del Banco de México dan muestra de que durante el tercer trimestre del año, la inversión en cartera mostró una fuga de capitales extranjeros y mexicanos, por el orden de los 14 mil 596 millones de dólares. Esta cifra significó un mil 147 por ciento superior a los 170.1 millones del mismo período de 2020. En paralelo, el índice de morosidad del Banco del Bienestar, orientado a financiar a sectores vulnerables, fue de 18.54% al cierre del tercer trimestre del año. Esto implicó un incemento del 7.51%, respecto al mismo período de 2020, en el que fue de 11.03%.

Llama la atención que estos datos contrastan con lo publicado en la última encuesta levantada por GEA-ISA. En dicho estudio, el porcentaje de la población que considera que la situación de su familia es buena (24%), ha superado a los que consideran que es mala (19%). También hay optimismo sobre la situación económica del país. La percepción positiva de la situación económica actual frente a la del año pasado creció de 9 a 17%, mientras que la negativa cayó de 34 a 23%.

De cara al 2022, el contraste entre datos duros y percepciones exige un análisis serio y profundo. Ha llegado el momento de hacer una evaluación detallada y objetiva sobre las decisiones tomadas por parte del gobierno federal para atender la crisis derivada del COVID-19. De cara al año que inicia, la #SociedadHorizontal deberá aprovechar la oportunidad para hacer planteamientos de largo aliento y fortalecer políticas públicas para una recuperación incluyente.