Han pasado seis largos años ya, y aunque hoy la agenda pública se desahoga en medio de una transición sin precedentes, el vox populi parece olvidarse del terrible legado de miles de feminicidios y desaparecidas que ha dejado este sexenio que culmina. En un afónico grito de justicia, víctimas y familiares reclaman suyo ese malestar popular que hoy concentra un aeropuerto, y que parece dejar sin voz a aquellas que ya no están con nosotros. Han sido un olvido sistemático, y una terrible falta de voluntad, lo que nos ha llevado a un silencio que diariamente nos pone en grave riesgo.
Cifras oficiales indican que la violencia de género se ha convertido de un problema público a un fenómeno social, de impactos desastrosos. A la fecha, una de cada dos mexicanas señala haber sido víctima de violencia al menos alguna vez en su vida. Mientras tanto, se calcula que en la última década más de 24 mil mujeres han sido asesinadas, casi un homicidio o feminicidio cada cuatro horas, a pesar de ello, apenas se han iniciado poco más de dos mil investigaciones derivadas de estos delitos. Organizaciones civiles van más allá subrayando incluso de ocho a nueve feminicidios diariamente.
Entre las causas de muertes, destacan significativamente la mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento, quemaduras, apuñalamiento o impacto de bala. Uno de cada trescasos las víctimas son expuestas sin ropa en la vía pública. Las entidades con mayores problemas, son inicialmente el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.
Durante el mandato de Calderón se contabilizaron 12 mil 308 casos, y del 2013 al cierre del tercer trimestre del 2018 –es decir, en la era de Peña Nieto-, la cifra supera los 13 mil homicidios.
Valeria, Mara, Mariana, y miles de nombres más cuentan la historia, de niñas, jóvenes, madres, hermanas, hijas. Mujeres que en nueve de cada 10 casos quedaron en terrible impunidad o que en el peor de los casos ni siquiera se investiga como se supone sus decesos.
Especialistas destacan que entre las resistencias más importantes para que estos delitos permanezcan en el olvido, están razones como la resistencia a investigar por razones de género, la revictimización de las afectadas y sus familias, el mal manejo del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia, graves inconsistencias en los dictámenes periciales, y una completa falta de perspectiva de género en las sentencias.
El caso de las mujeres desparecidas, se suma a este terrible reto que dejan en manos de la administración entrante. Son casi 31 mil, los casos de desaparición registrados durante el gobierno de Peña Nieto, entre los que destacan sin duda los 43 estudiantes de Ayotzinapa, casi cuatro mil infantes, y poco más de 17 mil mujeres.
Las mujeres, niñas y adolescentes que seguramente el pasado fin de semana fueron recordadas por sus familiares, son el epítome de una administración que deja al país hundido en una de sus más profundas crisis de derechos humanos, y en una terrible situación para las mujeres, en dónde el miedo y la ansiedad han terminado por inhibirnos de la vida pública en un conveniente escenario para un machismo que se muestra incesante e inagotable.
