Con la noticia de que el de Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos prevé destinar cerca de 20 millones de dólares, para que México controle el flujo de inmigrantes centroamericanos en la frontera sur, las alertas se han levantado. Los ánimos trumpistas por encargar el control migratorio a nuestro país, son cada vez más claros. Muchos apuestan a que existe un grave peligro de que los derechos humanos de nuestros hermanos al sur de la frontera, sean vulnerados desde Washington con la venia y ejecución de nuestro gobierno.
Desde hace más de una década México comenzó la implementación de una estrategia para fortalecer la seguridad en la frontera sur de México, lo que derivó en algunas operaciones apoyadas por la Casa Blanca a través de la Iniciativa Mérida. La última acción al respecto comenzó en 2014 con el Programa Frontera Sur, una estrategia que oficialmente pretendía garantizar la seguridad de los migrantes, pero que en los hechos disparó en los últimos 4 años el número de centroamericanos detenidos o deportados.
Según datos oficiales, entre 2015 y mayo de 2018 México detuvo a poco más de 502 mil personas sin documentos migratorios, la mayoría en la frontera sur. En los últimos 5 años, se calcula que fueron detenidos por las autoridades nacionales, poco más de 138 mil niños y niñas. Sin embargo, esto no ha detenido los flujos anuales de casi medio millón de centroamericanos que cruzan nuestro país buscando llegar a los Estados Unidos. De acuerdo a las últimas estimaciones, entre la administración de Felipe Calderón y Peña Nieto, habrían sido detenidos casi 2 millones de migrantes.
Hace un mes, Alfonso Durazo, quien ha sido designado por el gobierno en transición como el encargado para temas de seguridad, subrayaba que México debería contar con una patrulla fronteriza para cuidar tanto los cruces al norte del país, como los del sur. Estadeclaración, alertó a activistas y defensores de los derechos de los migrantes quienes se manifestaron abiertamente en contra de esta medida de contención a indocumentados.
Con la confirmación de Katie Waldman, portavoz del Homeland Security, existe ya una preocupación latente, de una coordinación entre México y EUA, que podría criminalizar la migración, y agraviar los derechos humanos de éstos, toda vez que el gobierno de Trump, se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unida en junio pasado.
Mientras en los últimos meses ha existido un llamado generalizado contra los agravios de Washington a nuestros connacionales, principalmente por las separaciones de familias, y la detención de niños migrantes. El gobierno mexicano ha continuado aplicando en casa lo que repudia en Estados Unidos, deportando diariamente a un promedio de 21 niños indocumentados, o poniendo en a decenas de personas en celdas de centros de detención –a veces insalubres, sin luz ni agua– e incurriendo en malos tratos.
Con este escenario, se han desatado grandes dudas al respecto de política migratoria que habrá de implementar el gobierno entrante. México ha asumido compromisos internacionales en la materia que le exigen velar por los derechos humanos de los migrantes. La actual Ley de migración debe convertirse en un marco más amplio, desde el que se pueda atender el fenómeno migratorio de manera transversal y siempre velando por la dignidad humana.
No está clara aún la política migratoria que habrá de tomar el próximo gobierno, sin embargo, es necesario que se ponga en el centro una visión de respeto irrestricto a los DDHH, sobre todo cuando en el caso de migrantes centroamericanos las violaciones a mujeres e infantes son una terrible constante.
La próxima política migratoria debe integrarse a la transformación planeada para el país. Aunque hasta ahora, la posición de Durazo ha dejado mucho en el aire, ha sido la próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la única que se ha opuesto a hacer el trabajo migratorio a EUA.
No podemos recurrir a prácticas que disfrazadas de “cooperación” vulneran el interés nacional, la soberanía, y repiten los errores de la Iniciativa Mérida y del Plan Frontera Sur. La cooperación migratoria con Centroamérica debe estar enfocada a la democratización, el desarrollo conjunto, y la seguridad humana, más allá de reducirse a un asunto de “seguridad nacional” impuesto desde Washington.
