Sería una mezquindad regatear al canciller Marcelo Ebrard el mérito de los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos que de momento suspendieron la aplicación del arancel de cinco por ciento, cuya entrada en vigor sería el diez de junio, según la amenaza del presidente Donald Trump.
El canciller mexicano, convertido en supersecretario, se encargará de coordinar las onerosas tareas del gobierno general en su conjunto para dar cumplimiento, en un plazo de cuarenta y cinco días, al compromiso de reducir el flujo de migrantes hacia la frontera con la Unión Americana. En principio el objetivo se logró, aunque a corto plazo el fantasma de los aranceles puede cernirse nuevamente sobre la economía del país.
Pero a cambio de ese triunfo parcial de la diplomacia, los términos del acuerdo obtenido por el canciller no pueden ser motivo de celebración como se intentó presentar en el mitin encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Tijuana, al que se quiso dar una connotación histórica como si se tratara del rescate de nuestra soberanía comparable a la restauración de la República y el retorno de Benito Juárez a la Presidencia en 1867, o la consumación de la independencia que dio vida a una nueva nación.
Por mandato constitucional, el presidente de la República es el responsable de la política exterior. Sus directrices, como lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores, deben ser cumplidas y puestas en práctica con eficiencia, en forma y tiempo. Hasta donde se conoce, los acuerdos de Washington arrojan una serie de compromisos o ratificaciones de políticas ya en práctica que deberán ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos antes de aplicar las medidas con las que Trump amenazaba.
El gobierno se compromete a recibir a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos –quizá cientos de miles—y proporcionarles hogar, alimentación y servicios sociales en tanto se resuelve su situación migratoria en la Unión Americana. De facto México había venido cumpliendo esta tarea desde el comienzo de la presente administración, aunque de jure se resiste a reconocerlo. Vencido el plazo de cuarenta y cinco días, si no se obtienen los resultados que el propio gobierno norteamericano considere aceptables, Donald Trump presionará a México para que acepte de hecho su designación como tercer país seguro de refugio a todos los demandantes de asilo, vengan del país o la región del mundo que sea.
Otra de las cláusulas de los acuerdos de Washington establece que México sellará su frontera sur a los migrantes provenientes de Centroamérica, a los que el propio López Obrador llama “ilegales”, la misma ofensiva calificación que tanto indigna a México cuando se aplica a nuestros connacionales. Con esta concesión, López Obrador deja atrás su temeraria afirmación de recibir en territorio mexicano y dar trabajo y abrigo a todo el que cruce nuestras fronteras o arribe a nuestras costas. A cambio de estas concesiones, se afirma que el gobierno de Donald Trump acepta apoyar el plan de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, para promover el desarrollo económico de América Central cuyos efectos, de lograrse, llevarían años o lustros.
El presidente de los Estados Unidos insiste en sus tuits mañaneros en la existencia de otros acuerdos, hasta hoy secretos, que serán revelados en su momento y que implican la aprobación del Congreso de México, entre ellos el incremento en las importaciones agropecuarias, materia que caería en el ámbito del tratado trilateral de comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El canciller Ebrard descarta esos acuerdos. Por salud de la sociedad hay que creerle. Donald Trump continuará presionando y hasta insultando a México en tanto la política exterior dictada por el presidente de la República lo permita.
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