En el caso de la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos, para el gobierno de López Obrador la prioridad no es la aplicación de la justicia sino la estigmatización de la corrupción; no lo es tampoco llevar a tribunales a los responsables que pudieran resultar de las supuestas revelaciones que Emilio Lozoya se dice hará en el proceso que no ha comenzado, incluido el expresidente de la República Enrique Peña Nieto sujeto a una consulta popular en la que López Obrador, afirma, votaría en contra. No anclarse en el pasado, sino mirar hacia l futuro aunque éste sea el empeño por ganar votos en las elecciones de 2021 y luego en la que espera obtener la confirmación de su mandato en 2022. El propio presidente se ha encargado de mantener en la opacidad la detención de Emilio Lozoya y de propalar datos sobre lo que el extraditado pueda aportar, pasando así por sobre la autonomía, que no independencia, de la fiscalía general que sería la encargada de darlos a conocer.
Cierta o no la gravedad de los males encontrados por los médicos legistas en la salud de Lozoya, su llegada al país y su traslado a un hospital privado está plagada de irregularidades que podrían aducirse como violaciones al debido proceso una vez iniciado el juicio. No fue un juez el que ordenó el traslado de Lozoya a una clínica particular en una operación de distracción que engañó a los periodistas que lo esperaban en el reclusorio norte. Lozoya no ha sido puesto a disposición de juez alguno ni ha habido orden judicial para su permanencia en ese lugar, hasta ahora mantenido en secreto. En el nuevo sistema penal acusatorio se prevén las figuras de testigo protegido, testigo colaborador o criterio de oportunidad que en cualquiera de esos casos establecen ciertos beneficios al acusado a condición de que éste aporte datos eficientes para la identificación de otros participantes en los ilícitos que se persiguen. En el lado perverso de este sistema acusatorio, los testimonios del testigo obedecen a los dictados de la parte interesada, que es el gobierno, pero no prevén jamás su exoneración ni la suspensión de la acción penal.
En el caso de Emilio Lozoya las revelaciones que, se dice, podría aportar sólo servirían para reducir o mitigar las penas por las que fue extraditado, pero no lo liberarían de las culpas de las que es acusado. En contravención a la limpieza y claridad del juicio que no ha comenzado, el propio presidente de la República ha mencionado detalles específicos del caso e incluso se han revelado otros ajenos a los señalados en la extradición, como lo son los supuestamente relacionados con la privatización de la industria petrolera.
Ciertos o no los quebrantos de la salud de Emilio Lozoya que motivaron la posposición del proceso, el compás de espera en su consignación a un juez se antoja un recurso del gobierno hasta el momento en que el juicio pueda comenzar en libertad condicional dictada por el llamado juzgador de control. Del fiscal general de la República se ha esperado la confirmación de su fama de probidad y autonomía, que se pone en duda cuando desde el jefe del Poder Ejecutivo se difunden datos específicos que contradicen la autonomía que correspondería a la probidad y honestidad del procurador de justicia. Al escamotearse la transparencia en el caso de Emilio Lozoya, gana el gobierno de López Obrador al exhibir sin taxación alguna, datos de un proceso que no ha comenzado. Gana también el ex director de Pemex de cuya exoneración se habla no obstante su posible participación en los delitos por los que fue extraditado. Ambas partes resultan beneficiadas, pero no así la justicia a cuya procuración el fiscal estaría obligado. El caso Lozoya se encuentra cada vez más politizado y exento de la debida transparencia que exigiría la opinión pública.
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