Por Maya Menchú | @mayamenchu
La situación que adolece la democracia en Guatemala en la actualidad no tiene precedentes y sin duda no la debemos perder de vista. La espera para la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024, ha estado llena de tropezones y zancadillas.
La más reciente por parte del Ministerio Público, quien busca vincular a proceso y por tanto quitarle la inmunidad al próximo presidente de Guatemala, al acusarlo de estar dentro de las instalaciones de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) en agosto de 2022, dando una conferencia de prensa. En esos días miles de estudiantes universitarios expresaron su inconformidad en la elección de nuevo rector de la Máxima casa de estudios. Además de acusarlo por expresar su opinión vía Twitter (ahora X) sobre el caso.
Debido a que expresó sus opiniones de manera libre vía tweets. El MP pide se le retire el derecho de antejuicio para iniciar una investigación en su contra. También alegan que había otros seis personajes de la política nacional que aprovecharon esta inconformidad social con fines partidistas y por tanto merecen ser juzgados.
Por su parte Arévalo, califico de espurias e inaceptables las acciones contra él y contra miembros de Semilla. Los tweets en cuestión fueron seis en un lapso de cuatro meses. Este hecho pone sobre la mesa la libertad de expresión y el derecho que como ciudadanos tenemos de expresarnos sobre inconformidades de temas y coyuntura de interés nacional.
En el ejemplo de Guatemala observamos cómo puede ser utilizada en nuestra contra una libertad básica dentro de la democracia que es la libertad de expresión. Tema que en el caso de México ha tomado relevancia, sobre todo la censura y la legislación sobre la libertad de expresión en las redes sociales. Ya que sin lugar a duda son escenarios públicos de gran alcance.
Estas medidas solicitadas por parte del MP son evidentemente otro de los intentos por entorpecer la toma de posesión de Arévalo. Cómo mencionaba el internacionalista guatemalteco Luis Padilla, está es una guerra psicológica más que una “guerra legal” contra el presidente electo. Lo más grave es que está en marcha por parte del presidente saliente, algunos diputados, magistrados, jueces y el mismo MP. Quienes actúan con total impunidad y corrupción en búsqueda de no permitir la toma de posesión, en otras palabras, golpe de estado.
Debido a la gravedad de estos hechos existe la posibilidad de que Guatemala sea expulsado de la OEA como miembro que es, ya que en el artículo 17 se considera esta medida si un proceso político institucional democrático está en riesgo. Si esto sucediera afectaría en gran medida la cooperación internacional, las relaciones diplomáticas con otros estados y especialmente con Estados Unidos de América. Lo que resultaría un retroceso como país y las consecuencias serían múltiples.
Nuestro país vecino, Guatemala, vive una crisis política y democrática en este momento que es necesaria observar y dar seguimiento. El 14 de enero de 2024 parece estar cercano sin embargo lo que ha tenido que sufrir el país guatemalteco por el capricho de unos pocos inconformes ante los resultados electorales ha sido una tormenta de ataques y desestimaciones sin precedentes en contra de un presidente electo, su partido y gabinete.
