Las relaciones México-Estados Unidos se caracterizan por su complejidad. Ambos países son interdependientes en comercio, movilidad, salud, medio ambiente, lazos familiares y seguridad. Sin embargo, hay muchos factores en las definiciones nacionales. Tienen intereses en común, pero diferencias en enfoques e instrumentos, por ello es preciso coordinarse para responder a los problemas afines.
En el ámbito de la seguridad, domina la agenda del tráfico de personas, armas y drogas. Según datos del Gobierno estadounidense, al menos 25 millones de seres humanos están sujetos a la trata y al trabajo forzoso en el mundo, un negocio que reporta 150 mil millones de dólares en ganancias. Desafortunadamente, la búsqueda de otros horizontes no suele ser una opción, sino una necesidad, a veces obligada por la delincuencia. En segundo lugar, la Cancillería ha mencionado que el 70 por ciento de las armas que se trafican al país provienen de Estados Unidos. Para enfrentar esta situación, México inició una demanda en contra de 11 empresas de aquel país en la corte federal de Boston, Massachusetts.
El tema de adicciones y sus secuelas ha adquirido enorme importancia en Estados Unidos. Según registros de un informe reciente, más de 100,000 personas murieron por sobredosis en 2020 y dos de cada tres de estos decesos fueron por fentanilo. Con estos temas en el centro de la agenda bilateral, en octubre pasado se llevó a cabo un diálogo de alto nivel entre delegaciones de funcionarios en la Ciudad de México; asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó la disposición de trabajar en conjunto, al tiempo de mantener el respeto de nuestras soberanías.
No hay duda de que los retos que presenta la seguridad requieren de la suma de acciones e inteligencia. Esta noción se reforzó en el encuentro entre los líderes de América del Norte en la cumbre del 18 de noviembre pasado.
El nuevo esquema de operación, Entendimiento Bicentenario, tiene tres objetivos: proteger a las personas, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar las redes criminales. Este enfoque reemplaza al anterior, la Iniciativa Mérida, con una perspectiva integral del problema, con atención a la salud y al desarrollo económico. Se trata de un mecanismo de corresponsabilidad, más igualitario y menos asistencialista. Este marco es consistente con la visión presidencial que busca resolver las causas socioeconómicas del crimen violento.
El 14 de diciembre pasado, cinco grupos empezaron con actividad. El primero se enfoca en la protección a las personas mediante políticas públicas para disminuir el uso de sustancias ilícitas, el fomento a comunidades seguras y la reducción de impunidad en delitos de alto impacto. El segundo se concentra en la prevención de crímenes transfronterizos, con acciones como el intercambio de información aduanera, esfuerzos para reducir el tráfico ilícito de armas, así como la atención a la crisis de fentanilo.
Un tercer grupo, sobre persecución de redes criminales, expuso la necesidad de interrumpir los lazos económicos de las organizaciones delictivas, desarrollar capacidades de investigación sobre delitos financieros y avanzar en materia de extradiciones. Dos grupos más son el de información de fuerzas armadas y el comité binacional de cooperación.
Tras la tragedia ocurrida en Chiapas el 9 de diciembre pasado, la Cancillería mexicana y los embajadores de Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y la República Dominicana establecieron un Grupo de Acción Inmediata para combatir las redes de tráfico humano y la trata de personas, responsables del muy lamentable accidente de Tuxtla Gutiérrez. Será un mecanismo multidisciplinario ad hoc, para investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal que ocasionó el suceso.
Adicionalmente, Estados Unidos emitió en fecha reciente dos decretos sobre el crimen organizado transnacional y la lucha contra las drogas. La primera decisión es crear un organismo, integrado por distintas entidades gubernamentales, para perseguir el crimen con lazos más allá de las fronteras. El segundo, amplía el régimen de sanciones contra los actores internacionales del narcotráfico.
El crimen transnacional requiere de diferentes enfoques, acciones, políticas públicas y coordinación para que los instrumentos nacionales sumen. En esta administración, el diálogo bilateral ha sido una constante, con un sentido de corresponsabilidad, que hemos acompañado desde el Senado. No hay otra manera de atacar estos desafíos que la cooperación, con pleno respeto a la integridad y la soberanía de las naciones.
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