El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, se revela como la figura más útil en el gabinete de la presente administración; aunque no necesariamente presidenciable en la temprana carrera por la candidatura de Morena para el 2024, el encargado de las finanzas públicas ha tenido importantes logros en defensa de los proyectos y las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque esos éxitos representen altos costos para el erario. Victorias pírricas.
En los últimos días del año pasado, el secretario Urzúa anunció la aceptación de los tenedores de mil 600 millones de dólares de bonos de las condiciones para la recompra de esos instrumentos, operación que quedará formalizada el día de mañana. Quedan en el aire cuatro mil 400 millones de dólares en bonos emitidos por el fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de México, que como los anteriores deberán ser negociados mediante ofertas de pago total más premios por la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco. ¿El secretario de Hacienda lo logrará?
Las negociaciones para suspender en definitiva la construcción del aeropuerto en Texcoco deberán resolver el problema de los contratistas directos e indirectos, unas 300 empresas del ramo, a quienes se deberá convencer de cambiar las condiciones originalmente establecidas y en muchos casos recibir indemnizaciones por la cancelación del proyecto de la nueva terminal, con un avance hasta el momento de más de 30 por ciento. ¿El secretario de Hacienda lo logrará? Como reza una conseja de la técnica procesal, los acreedores y los reclamantes preferirán un mal arreglo que un buen pleito. Otros aprovecharán para obtener monumentales ganancias con amenaza de litigios en tribunales internacionales. La habilidad del secretario es indiscutible, como se demostró en la forma en que multiplicó los panes del presupuesto de ingresos al agregar, al menos en el papel, más de 30 mil millones de pesos a la estimación inicial. El IVA, el impuesto sobre la renta y el castigo a empresas fantasma de pasados ejercicios fiscales permitirán el milagro de borrar los errores en el presupuesto de egresos y salir al paso de las protestas que amenazaban con provocar graves problemas sociales por la reducción en las partidas asignadas a las universidades, la investigación y otros rubros del gasto público para el año que comienza. El eficiente secretario de Hacienda ha logrado eso y todo parece indicar que así será para el cumplimiento de los proyectos del presidente López Obrador.
Para liquidar los seis mil millones de dólares de los bonos del aeropuerto, las acciones emitidas en la llamada fibra E de la Bolsa de Valores y las indemnizaciones por el cambio de contratos, el gobierno deberá emplear cientos de miles de millones de pesos, incluido el impuesto que todos los usuarios de los aeropuertos pagan y pagarán en los años venideros. A ese costo se agregará la pérdida de lo invertido en las obras del aeropuerto en Texcoco que no serán suspendidas sino hasta que todos los compromisos y gastos por la cancelación de Texcoco sean liquidados. Aun cuando es imposible calcular el costo total de la suspensión de la obra de Texcoco –dinero tirado a la basura--, así como el de los proyectos ejecutivos para tres aeropuertos que lo sustituirán, el capricho de Santa Lucía y la habilitación de las terminales actual y de Toluca sigue adelante. ¿Pero qué necesidad había de esta onerosa y complicada operación? Los afanes del secretario de Hacienda para empatar el absurdo de tres en vez de un nuevo aeropuerto bien podrían haberse empleado en fines razonables y de beneficio para la economía del país.
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