No existe prácticamente una semana sin que en la prensa internacional se hable de Perú y de las dificultades para lograr su gobernabilidad, concepto que hace alusión al buen funcionamiento del Estado, a la capacidad del Gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) para garantizar el bienestar social, al desarrollo de la economía, a la estabilidad política, así como a la integración, el procesamiento y la solución de las demandas ciudadanas por vía institucional.
En el caso peruano existe un enfrentamiento crónico entre el Congreso y el Ejecutivo. Una relación de fuerzas que, constitucionalmente, se inclina hacia el primero, particularmente a través del uso faccioso de la figura de vacancia (destitución) y que, políticamente, es un desafío para el segundo, ya que debe encontrar los apoyos necesarios para sostenerse, además de generar acuerdos para gobernar debido a la falta de mayorías parlamentarias estables.
Esta dinámica ha arrojado, no sólo bajo la presidencia de Pedro Castillo, sino desde 2016, un balance negativo para los diferentes titulares del Ejecutivo peruano. Cabe recordar que ese país ha tenido cinco mandatarios entre 2016 y 2021, mientras que desde que tomó posesión el presidente Castillo en julio de 2021 ha debido conformar cuatro gabinetes de gobierno, entre otras razones, por mociones de censura del Parlamento en contra de algunos de sus ministros.
Además, el mismo presidente enfrentó ya dos procesos que buscaban su vacancia. El primero fue en diciembre de 2021, acusado de incapacidad moral permanente, tráfico de influencias, debilitamiento de la democracia por fortalecer relaciones con gobiernos antidemocráticos, entre otros señalamientos, y el segundo, el 28 de marzo pasado, también por incapacidad moral permanente, y por la imputación de presuntos hechos de corrupción, traición a la patria, existencia de un gabinete en las sombras, entre otros. En ninguna de las ocasiones procedió la destitución.
El 25 de marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló:
[…] la CIDH reitera su preocupación por el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso del Perú. […] la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos […].
El 28 de marzo, a raíz del incremento de la inflación, de los precios del combustible, de los alimentos y fertilizantes a causa de la pandemia, así como la disrupción en las cadenas de suministros a nivel mundial por la subida de precios de los energéticos ante la guerra en Ucrania, dieron inicio, en Lima y otras partes del país, diversas manifestaciones de protesta de agricultores y transportistas.
El presidente Castillo decretó el estado de emergencia en Lima el 5 de abril, a partir de las 2 de la mañana y hasta las 23:59 horas, el cual implicó también un toque de queda. Sin embargo, desde la misma tarde de ese día, el jefe del Estado peruano anunció que el toque quedaba sin efecto, ante el malestar ciudadano.
Esta inconformidad, como muchas otras, no es de ahora, y tiene, en mucho, su origen en la aplicación de un modelo económico empobrecedor, plasmado en la Constitución de 1993; en la corrupción endémica que asola a ese gran país; en la crisis de representación, así como en una parte importante de la clase política, que defiende intereses propios y una lucha por el poder como fin, no como medio para servir a la gente.
La respuesta a ello no pasa necesariamente por la destitución de un mandatario, el adelanto de elecciones o el que “se vayan todos”. Esto sólo trasladaría los desafíos políticos y democráticos del país hacia más adelante y repetiría el círculo vicioso de la ingobernabilidad. La propuesta del presidente Castillo de una nueva Constitución, evocada desde su candidatura, es sensata y oportuna para generar gobernabilidad, y refundar la vida pública de la nación, en beneficio de todas y todos los peruanos.
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