por Roberto de la Rosa
Recientemente, Agustín Caso Raphael, ex auditor especializado de desempeño, hizo público que el auditor superior, David Colmenares, lo cesó de su cargo sin acreditar las causales de ley.
El auditor superior tiene la compleja labor de fiscalizar que los recursos públicos se ejerzan de manera correcta y que los programas de gobierno cumplan con los objetivos establecidos. Por ello, lo que sucede en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con su titular es de relevancia pública.
La Auditoría es fundamental en el sistema de pesos y contrapesos, porque identifica irregularidades y establece controles (preventivos y correctivos) a otros poderes y órdenes de gobierno. Sin estos controles, no sólo aumentan los riesgos de corrupción, sino que se distorsiona el equilibrio entre poderes.
Agustín Caso Raphael arroja luz de su cese. Señala el ocultamiento de los resultados de las auditorías (no entregar auditorías concluidas), la discrecionalidad en la definición del programa anual de auditorías (qué se audita), y la intromisión en los enfoques (cómo se audita), así como en los alcances (cuánto se audita).
La lista es alarmante y refleja que Colmenares cedió la técnica por la política. Sólo él dice qué, cómo, cuánto y cuándo auditar y qué se da a conocer. Es el retrato del debilitamiento de la autonomía y captura política de la ASF. La bengala lanzada por Caso se suma a otros llamados que señalan el mismo modus operandi. Un breve repaso será ilustrativo.
1. Ocupar los principales cargos de la ASF con incondicionales. Tan pronto llegó Colmenares a la ASF en 2018, dio empleo a Claudia Corichi, en claro ejemplo de conflicto de interés, siendo ella ex secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados durante el proceso de designación del titular de la ASF, del cual salió favorecido Colmenares. También debe recordarse el despido de Muna D. Buchahin, auditora forense que dio a conocer la Estafa Maestra.
2. Concentrar funciones y debilitar el trabajo colegiado y técnico de fiscalización. En noviembre de 2021, el entonces auditor especializado de cumplimiento, Gerardo Lozano, renunció a su cargo. Señaló la eliminación de instancias de trabajo colegiado y de coordinación interna y la concentración de funciones en áreas controladas por Colmenares, como la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Auditoría Especial de Seguimiento.
3. Definir unilateralmente qué se denuncia. Qué se presenta ante la FGR o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y qué se integra a los informes de auditoría, le ha permitido a Colmenares controlar cuándo sí y cuándo no la ASF muerde.
4. No incomodar. Una parte central de la gestión de Colmenares es la lógica de no incomodar. Con base en cálculos de México Evalúa con información del Sistema Público de Consulta de Auditorías (SPCA), sólo se audita uno de tres pesos de la política social en la administración federal actual. El alcance de la fiscalización es limitado por decisión del auditor superior y si se audita menos, consecuentemente se detectan menos irregularidades.
En 2022, ante el rezago en auditorías y los riesgos de prescripción, la Junta de Coordinación Política solicitó realizar un diagnóstico sobre el seguimiento de los daños patrimoniales y las denuncias. La investigación no tuvo ninguna consecuencia. Para este año, las cifras de seguimiento han empeorado. Información del SPCA actualizada a 2024, muestra que, aparentemente, los daños patrimoniales habrían disminuido 83% con Colmenares. A pesar de ello, los expedientes que siguen abiertos (en aclaración o investigación sin promoverse al TFJA) han aumentado 46%, llegando a 380 mil millones de pesos. Ante la disminución de denuncias de hechos, éstas naturalmente han caído 84% y, del total histórico (1,178), sólo 2.7% cuentan con sentencia.
La Comisión de Vigilancia, responsable de evaluar a Colmenares, ha sido omisa en auditar al auditor y difícilmente se le llamará a cuentas. Aunque esta Comisión ha abierto una investigación por lo publicado por Caso Raphael, la agenda legislativa está en otro lado: receso, elecciones, nueva legislatura y cambio de gobierno.
En el mediano plazo necesitamos que los diputados se enfoquen en el programa anual de auditorías, debido a que ahí se define qué, cómo y cuánto se audita. Es el instrumento más poderoso en manos del auditor superior. También debería serlo para los diputados como un modo de supervisión al auditor. Se debe profundizar el seguimiento de los resultados de las auditorías para acotar los espacios de discrecionalidad.
En el corto plazo, lo que acontezca contra Colmenares dependerá si del proceso electoral en curso emerge una Cámara de Diputados dividida. Así, podría vislumbrarse una salida al mal arreglo que vemos hoy en día. De lo contrario, el auditor superior no sólo continuará con su modus operandi a costa de la rendición de cuentas, sino que la coalición mayoritaria (Morena-PT-PVEM), otorgará apoyo político a Colmenares para zanjar en 2025-2026 la ruta hacia su nombramiento por un periodo adicional de 8 años, hasta 2034.
Roberto de la Rosa es investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey e investigador asociado del Programa Anticorrupción de México Evalúa.
