El lamentable espectáculo ofrecido por Morena, el partido del gobierno, el fin de semana pasado ha sido, digamos, cortesía de la casa.
Los dirigentes, militantes y simpatizantes decidieron revivir algunas de las peores prácticas de la corrupción electoral para escoger a 3 mil delegados para su congreso nacional, en preparación de las elecciones presidenciales del 2024: compra e inducción de votos, acarreos, robo de urnas, conatos de violencia y algunos golpes, reparto de despensas, utilización de recursos públicos, uso de programas sociales para intimidar, como en los mejores tiempos del priato.
Nuevamente se oyó el grito de ¡fraude, fraude!, aunque esta vez los defraudados no acusaban a la autoridad electoral, al gobierno o un partido contrario, sino a su partido y a sus compañeros.
Y no se necesita ser politólogo para saber que atrás de todo eso está la presunta lucha por la candidatura de ese partido a la presidencia de la República.
Lo del fin de semana pasado y lo del congreso nacional a celebrarse en septiembre es sólo una fachada, una espectáculo, una farsa más del juego de la candidatura presidencial de Morena.
De acuerdo con lo dicho por el presidente de la República, el real dirigente de ese partido, su candidato será designado mediante una encuesta.
Lo que está claro es la decisión de retroceder al sistema de la monarquía sexenal del sistema político priista, según lo definió hace ya varias algunas décadas don Daniel Cosío Villegas.
Y esencialmente el presidente de la República, el actual, tiene razón: él decidirá el nombre del candidato presidencial del partido político en el poder. Ya “destapó” a los supuestos aspirantes a la postulación a quienes el llama “corcholatas” (antes eran “tapados”) y él será la “encuesta” que designará al candidato a sucederlo. Nadie más.
Hasta 1994 la monarquía sexenal mexicana hereditaria, como cualquier monarquía, así funcionó. Desde la sucesión de Lázaro Cárdenas hasta la de Carlos Salinas de Gortari: el presidente de la República decidía quien era su sucesor.
Para la sucesión del sexenio que inició el año 2000, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, declinó ser el gran elector en su partido y fue la primera que el candidato del partido oficial no ganó la elección.
A partir del año 2000 se creyó que los ciudadanos mexicanos habían logrado construir un régimen democrático: las elecciones presidenciales de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y del propio Andrés Manuel López Obrador fueron resultado del ejercicio del voto popular, reconocido por autoridades electorales imparciales, fruto de la lucha de muchos años y de millones de mexicanos para lograr el anhelo de una democracia que derrotara al sistema absolutismo priista.
Hoy, el presidente de la República y su partido pretenden la restauración de ese sistema. López Obrador sabe que en el PRI que militó se mantuvo en el poder, entre otras razones, porque el presidente de la República contralaba a su partido y al país. También cree que designando a su sucesor prolongará su mandato.
Eso nunca ocurrió. El preidente de la República en turno siempre fue el presidente.
Además, y pese a todo, los ciudadanos mexicanos ya saben que son ellos los que decidirán quien ganará la elección presidencial del 2024. Por eso, y ante el espectáculo antidemocratico que dieron los dirigentes, militantes y simpatizates de Morena, es absolutamente necesario conservar la fortaleza del Instituto Nacional Electoral (INE), como garante de elecciones democráticas.
