En una reciente conferencia mañanera, el presidente López Obrador señaló que no habría reforma fiscal. En su entendido, hablar de una reforma implicaba necesariamente más impuestos. Y tiene razón, al menos en parte. No todos los impuestos que se cobran actualmente son buenos o deseables. Como tampoco es deseable continuar con la política de austeridad a rajatabla.
Vamos por partes ¿Por qué se habla insistentemente de una reforma fiscal? El presupuesto de egresos de la federación (PEF) año con año está destinado a cubrir las participaciones y aportaciones a las entidades federativas (gasto federalizado), pago de pensiones, pago de deuda pública y recursos destinados a Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calculó que el espacio fiscal, es decir, el dinero disponible después de cubrir los gastos comprometidos se redujo del 6.6% del PIB en 2016 a 2.4% en 2020.
El margen con el que cuenta el gobierno para cubrir los programas sociales, realizar obra pública, atender la pandemia o impulsar la recuperación económica es cada vez menor. La falta de recursos públicos es notoria y afecta la calidad de vida de las personas. La escasez de recursos se nota, por ejemplo, en el gasto en salud donde se ejercieron 4.5% menos recursos de los previstos en el PEF 2020 de acuerdo con México Evalúa. Otro ejemplo es la inversión pública que puede promover el crecimiento económico y el bienestar social. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país que menos recursos destina a inversión.
Mientras las necesidades de la población aumentan, los recursos públicos siguen sin alcanzar. Al inicio del sexenio se desaprovechó la oportunidad de una reforma fiscal que no requería del consenso de las distintas fuerzas políticas. Ahora, a la mitad del sexenio el presidente no quiere cargar con el “costo político” de llevar a cabo una reforma fiscal que cobrará factura en 2024.
La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que la miscelánea fiscal que se prepara para el paquete económico 2022 incluirá la siempre mejorable simplificación administrativa y la ejecución de créditos fiscales, sobre todo a grandes contribuyentes. Lo cual ayudaría a incrementar los ingresos del gobierno en aproximadamente 200 mil millones de pesos, equivalente al 1% del PIB.
La reforma fiscal que se lleve a cabo, sea cual sea el nombre que se le quiera dar, tendrá que estar enfocada en tres sentidos: 1) Aumentar la base de contribuyentes. Que no paguen los mismos contribuyentes cautivos. 2) Corregir exenciones y tasas en impuestos. El diseño actual de algunos impuestos perjudica en mayor medida a las personas con menores ingresos. 3) Eliminar impuestos que no fomentan la competitividad. Por ejemplo, a nivel local el impuesto a la nómina es un incentivo a la informalidad, a bajos sueldos y a poca productividad.
No solo se trata de poner más impuestos, hay que establecer aquellos que son progresivos o tienen propósitos específicos. Por ejemplo, que paguen más impuestos quienes tienen mayor nivel de recursos; o que se diseñen “impuestos verdes”, que graven a quien más contamina.
Si los impuestos no fomentan la competitividad, no se destinan a gastos que mejoren la calidad de vida o a proyectos de inversión que sirvan, entonces no deberían cobrarse.
*Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
