Por: Manuel Guadarrama
En pleno proceso electoral, México requiere que los candidatos piensen, propongan y, eventualmente, construyan el futuro anhelado de un país más próspero, justo, inclusivo y competitivo. No basta con salir cada mañana a descalificar, atacar o destruir. Lo importante para gobernar son los proyectos y las propuestas que se tengan. Importa el por qué, el cómo y el cuándo. La pandemia trajo a México grandes daños, ahora toca trabajar en la recuperación y en hacer frente a los retos del futuro.
El IMCO presentó el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2021, en el que además de evaluar cómo están las entidades federativas y conocer qué han hecho bien o en qué se han rezagado, también hay propuesta de política pública para un futuro más competitivo. La evaluación o crítica conlleva una responsabilidad. La de proponer con base en evidencia las mejores soluciones o alternativas. Eso hace el ICE: toda crítica con propuesta y toda propuesta con fundamento.
Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. La Ciudad de México mantiene una competitividad alta, Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Jalisco presentan una competitividad adecuada. Por otro lado, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero tienen una competitividad baja. Quiere decir que hay poca capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión.
Los resultados no solo confirman que hay varios Méxicos, sino que las brechas siguen aumentando. Desafortunadamente una persona que vive en Guerrero tiene menores posibilidades de ejercer sus derechos, que alguien que vive en la CDMX o Querétaro. Entonces, ¿cómo mejorar la competitividad?
Ante la pandemia, los estados que aprovechen de mejor forma sus facultades para desarrollar programas de nivelación académica y de reincorporación de alumnos que complementen la política federal serán más competitivos. Sin datos, los gobernantes van a ciegas. Por eso urge desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública, pero que además faciliten trámites y servicios para promover la transformación digital.
El manejo de los recursos públicos es otro factor clave para la competitividad. Los estados siguen sin adecuar la legislación presupuestal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales. Las administraciones deben tener acceso a recursos, pero siempre con la participación del congreso local.
De igual forma, la pandemia dejó al descubierto la falta de protocolos y lineamientos específicos para la contratación y ejecución de compras en tiempos de emergencia, para que nos vuelva a pasar, se requiere de las reformas a las leyes de adquisiciones y obras públicas.
Aunque muchos lo piensen así, México no está solo. El rezago histórico de los estados del sur-sureste puede tener de aliado al T-MEC y sumarse a la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias, inversión en infraestructura y conectividad. Por último, los estados no pueden ser competitivos si no existe un vínculo entre el sector privado y el público, entre la innovación, los generadores de patentes y la industria.
El político que critica y no propone es un pobre político y será peor gobernante. En estas elecciones busquemos la crítica con propuesta, no ocurrencias o buenos deseos. Los tiempos de improvisar se agotaron.
*Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO y Coordinador del Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil en México para el Gobierno Abierto.
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