Los organismos empresariales surgieron para representar los intereses legítimos de las empresas que opera en México, para promover las ideas de la libre empresa, para hacer saber a las autoridades correspondientes las inquietudes y necesidades del sector productivo del país. En suma, para que haya interlocución y concertación entre quienes regulan el mercado (las autoridades) y quienes generan empleos y valor (las empresas).
En México se ha construido una sofisticada red de organismos empresariales donde participan Consejos, Confederaciones, Cámaras, Asociaciones y Uniones, que actúan como organismos de consulta del gobierno, emiten opiniones técnicas, participan en la creación y modificación de Normas, emiten posicionamientos sobre Leyes e influyen en la creación de políticas públicas. Incluso, algunas tienen interlocución con organizaciones internacionales de corte laboral y económico.
Con este grado de acercamiento al poder público, es evidente que son asociaciones políticas, aunque apartidistas y que, por lo tanto, deben contar con una directiva y con liderazgos nacionales rotativos que alcen la voz por sus agremiados y los defiendan. Por ello, los organismos empresariales cuentan con estatutos y hacen una vida democrática donde la representatividad debe ser central, de lo contrario no es útil.
Para contextualizar la idea anterior, recordemos que las empresas se afilian a cámaras, asociaciones y uniones; las cuales se afilian a Confederaciones, las cuales participan en Consejos; es decir que hasta la empresa más pequeña cuenta con una representación en los organismos cupulares para defender sus intereses frente a las autoridades. Por ello la importancia de exigir a las organizaciones empresariales transparencia, adaptación a los nuevos tiempos y mejorar sus mecanismos internos de elección para permitir la participación equitativa de sus miembros.
Cuando los organismos empresariales tienen una vida democrática opaca y arcaica, pasa lo mismo que cuando un diputado no trabaja para el distrito que lo eligió: pierde sentido y cabe cuestionarle para qué está allí y a quién representa realmente pues, lejos de ayudar a sus afiliados, les perjudica porque empieza a comportarse como un grupo anquilosado que busca mantenerse a toda costa en el poder, ¿por qué los sectores productivos del país permitiríamos ese comportamiento en los organismos que deberían representarnos?, ¿no es incongruente exigirle al gobierno transparencia y alternancia pero no hacer lo mismo con nuestras propias organizaciones?
Es por esto que hoy toca reiterar las exigencias de años atrás y defender las instituciones que nos hacen fuertes como sector empresarial, con la misma fuerza con la que exigimos democracia en los espacios de poder público.
Las razones son claras: el trabajo de los organismos empresariales es sumamente importante y eso les ha permitido perdurar durante el siglo XX y lo que va del XXI, pues no es tarea menor generar relaciones más equilibradas entre autoridad y empresa, pues cuando éste equilibrio se rompe, la plataforma productiva del país es la que paga el precio. Y para las empresas, ese precio puede ser incluso la quiebra.
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