La reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental genera más dudas que certezas, asegura la directora de la Organización Comunitaria por la Paz, Ocupa, Paola Zavala, quien pone como ejemplo el caso de los enfermos mentales que han cometido delitos, considerados inimputables, y que están recluidos en hospitales psiquiátricos quienes, por efecto de la ley, tendrían que ser trasladados a cárceles, donde convivirían en entornos violentos y con acceso a armas, “cuchillos, por ejemplo”.
“Es muy nocivo que se mezclen estas dos realidades, que requieren atención diferente. Nosotros vimos el análisis de la ley y nos dimos cuenta que eso se nos estaba pasando de noche. Se publicó y nadie hizo ningún escándalo. La ley no diferencia a los enfermos mentales de los adictos, que son problemas que no necesariamente van de la mano”.
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Aunque reconoce que en las granjas y anexos hay mucha violencia para forzar a los adultos a dejar de consumir drogas, pero también que muchas veces las familias son incapaces de controlar a un enfermo mental violento o a un adicto fuera de control. Es imposible, considera, ya apelar a detener la adicción por la vía de la voluntad, porque no hay voluntad en ese momento y pues es la única alternativa que tienen.
“Imagínate que tienes un hermano con delirios psicóticos, que se pone violento. O que yo soy mamá soltera, tengo dos hijos y aparte, por efecto de la ley, me encargan a mi hermano con enfermedad mental. Cómo atiendes a los hijos, cómo puede ser ése un hogar más o menos seguro, si te impiden irte a trabajar si tienes hijos y un hermano psicótico del cual hacerte cargo”.
La especialista apela a que haya un sistema de salud mental eficiente, que cuide a quien ya no lo puede hacer por sí mismo, porque no hacerlo lo que genera, desde su punto de vista, es mucha hipocresía social.
“Muchos enfermos son abandonados por sus familiares o se pierden y los familiares ya no los buscan. La calle está llena de personas que en muchas ocasiones tienen problemas psiquiátricos”.
Asegura, por lo mismo, que el Estado no debería renunciar a tener hospitales psiquiátricos de resguardo. ¿Quién le va a dar las medicinas a las personas en situación de calle?, cuestiona.
Respecto a la capacidad jurídica de las personas para decidir sobre su propio tratamiento, su salud y sus bienes, la abogada considera que está bien, siempre y cuando puedan llegar por propio pie a un hospital o a un notario, pero que hay quienes ya no pueden hacerlo, que es donde la ley no parece ayudar. Hay gente que no puede escapar de sí misma, mucho menos ser consciente para realizar actos jurídicos.
Hay otros, explica, que por razones económicas no pueden dejar que el Estado los deje al garete de servicios de salud deficientes. Hay quienes no pueden esperar una cita médica de aquí a cuatro meses en el IMSS por un tema de depresión que puede devenir en suicidio.
“¿Qué le queda a las personas? La atención particular. Hay quienes no tienen la posibilidad de ir con un psiquiatra de 700 pesos la consulta, y que además hay que comprar las pastillas y tener atención psicológica de manera continua a razón de 400 pesos cada sesión a la semana. Entonces justo al mes son tres mil pesos que un mexicano promedio que gana 12 mil pesos mensuales no puede costear”.
Zavala no propone echar atrás la ley, sino que quede claro en ella que hay pacientes que requieren atención médica terciaria, por lo que deben seguir existiendo lugares para la atención humana y digna de las personas.
“Ya muy en mi análisis personal creo que los diputados dijeron: muy bien, aquí cerramos hospitales, como hicieron con las guarderías, y todo eso que ha hecho el Estado para ahorrarse dinero y transferir el cuidado otra vez a las familias. ¿Y quiénes son las familias? Pues las cuidadoras tradicionales: las mujeres, la mamá, la hermana. No puede ser que el Estado otra vez se lave las manos y transfiera la responsabilidad de los cuidados a las familias, a las mujeres, y se olvide de plano la posibilidad de que las personas en situación de calle tuvieran un refugio estatal un cuidado y un seguimiento constante y otra vez son los más pobres”, concluye la especialista
