En 10 estados del país se concentra 64 por ciento del robo de ganado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y si bien, entre enero y septiembre, el robo a ganado disminuyó casi 15 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, el sector percibe que la inseguridad se acrecienta con delitos como las extorsiones y el cobro de piso, indicó Felix Martínez Cabrera, vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
De acuerdo con el directivo, el robo de ganado se produce durante todo el año en rancherías, pero muchas veces no se denuncia, además de que los delincuentes han optado por otras formas de sacar dinero a los productores agrarios.
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“Esta baja es en parte porque (los delincuentes) cambian de giro. El robo está más controlado, ése sí ha bajado, pero lo que es la extorsión y el cobro de derecho de piso han aumentado más, no sabemos hasta qué niveles”, contó a El Sol de México.
Datos del Inegi, con base en información de fiscalías estatales, señalan que la extorsión alcanzó su mayor nivel en una década el año pasado, con 7.95 casos por cada cien mil habitantes.
Para Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), este año apunta a igualar ese nivel o, incluso, superarlo.
El directivo consideró que pese a que los robos de maquinaria y ganado han venido a la baja, hay delitos que se deben atender porque provocan un fuerte impacto al sector y tienen incidencia en la inflación.
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“Hay muchas quejas de que cada día se incrementa el pago por derecho de piso y las extorsiones. Esto ha tenido impacto en el tema de costos para los productores porque los seguros se encarecen ante el aumento de casos, o porque tienen que invertir más en seguridad, lo que se transfiere al precio del consumidor final”, refirió.
Impacto en precios
De acuerdo con el directivo del CNA, la inseguridad tiene una incidencia de entre 10 y 12 por ciento en el incrementos de precios en los productos para el consumidor final.
Martínez Cabrera contó que los cobros por extorsiones son variables ya que los delincuentes cobran entre seis y siete mil pesos para permitir el paso de un camión torton de 12 toneladas con limones, o alrededor de tres mil pesos por uno más chico.
Al personal agrario, en tanto, les piden cuotas de entre 500 y 800 pesos mensuales por permitirles el paso diario para ir a trabajar en sus cosechas.
Los directivos coincidieron que si bien esto sucede en todo el país, hay estados como Michoacán, Guerrero, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, donde los delitos contra el sector se han recrudecido sin que haya denuncias por temor a las amenazas de grupos del crimen organizado.
“Son temas delicados pero reales, que han crecido como el caso de tortilleros en Uruapan, que cerraron negocios por el clima de violencia; o las quemas de pollerías, en Chilpancingo”, destacó Anaya.
En tanto, el directivo del CNA destacó el caso de Chiapas, donde dijo que se aprecia un alza en los crímenes contra el sector derivado de la presencia de grupos criminales que buscan beneficiarse por la llegada de migrantes en ese estado.
“Tenemos buena relación con la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE), a cargo de Marco Antonio Vargas, hemos estado trabajando con él, la autoridad es un buen enlace, pero no se resuelve el problema”, dijo Martínez Cabrera.
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La semana pasada, durante el 20 Foro Global Agroalimentario, el presidente del CNA, Juan Cortina, dijo que la inseguridad en el sector ha llevado a trabajadores y productores a abandonar sus tierras para migrar hacia el norte.
Martínez Cabrera concluyó que la seguridad es uno de los retos pendientes para el sector y que de no garantizarse traerá varias consecuencias, entre ellas la del aumento en precios para el consumidor final.
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