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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó un plan con el fin de asegurar que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) cuenten con liquidez suficiente para operar los próximos tres meses en medio de la crisis causada por el Covid-19.
El presidente del organismo, Carlos Salazar, propuso cinco medidas para el apoyo a estas unidades económicas, la primera de ellas a través de apoyos económicos entre privados, es decir, que empresas con capacidad económica realicen pagos a sus proveedores antes de 30 días.
También se propuso la “adopción” de MiPymes por parte de aquellas compañías con capacidad de solventar a estas unidades mediante apoyos salariales o recursos económicos.
El CCE instó a sus agremiados a realizar compras adelantadas, pedidos a entregarse después de la crisis con el fin de dotar de mayor liquidez a proveedores que lo necesiten.
Además, se propuso crear una plataforma ágil y sencilla para apoyar a las MiPymes con su factoraje, esto con el respaldo de las instituciones financieras privadas del país.
Finalmente, el organismo empresarial pidió a las compañías del país evitar las penalizaciones contractuales entre particulares en caso de que se incumplan con pagos durante este periodo de crisis.
Dichas propuestas se plantearon en un documento presentado en conferencia virtual por parte de Carlos Salazar a unos cuatro mil representantes de empresas y asociaciones del país.
Durante la videoconferencia, Salazar explicó que se trata de una propuesta de programa “sin tocar la puerta del gobierno”, esto ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender las propuestas de la iniciativa privada para preservar millones de empleos.
El presidente del CCE apuntó que la inacción del gobierno ante la solicitud de apoyos por parte de las empresas podría costar al país entre uno y 1.4 millones de plazas de trabajo al cierre de año por el cierre de MiPymes, además de que prevén una contracción económica del PIB nacional cercana a 10 por ciento, algo no visto en 90 años.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, recordó que derivado de la pandemia en el país han cerrado un millón 170 mil industrias de las cuales no se sabe cuántas van a reabrir una vez pasada la crisis.
En ese sentido, se sumó al llamado para que la industria busque una salida en conjunto a esta crisis ante lo que llamó la inacción del gobierno.
Durante la conferencia, algunos participantes cuestionaron la posibilidad de la desobediencia civil en el pago de impuestos como forma de protesta ante la falta de apoyos por parte del gobierno.
Al respecto, Salazar apuntó que ante la falta de liquidez miles de empresas no podrán pagar impuestos optando por el pago, aunque sea parcial, del salario de sus trabajadores. Esto, dijo, se le advirtió al Presidente de la República, aunque subrayó que no quiso escucharlos.
“Esto apenas empieza, estamos en la primera semana, no queramos sacar acciones definitorias, la sociedad a veces lo único que puede hacer ante estas respuestas de la autoridad es desobedecer, pero creemos que nosotros podemos insistir con otras propuestas. Presiones de esa naturaleza no conducen a nada, busquemos la integración”, apuntó.
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