/ viernes 11 de enero de 2019

IFT va también contra recorte de salarios

El organismo aseguró que la Ley de Remuneraciones vulnera su función regulatoria y afecta sus labores

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se sumó a la lista de órganos autónomos que interponen una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobadas por el Congreso para este año.

Este jueves, el IFT informó que optó por esta medida al considerar que el PEF "vulnera la función regulatoria de este órgano autónomo, prevista en el artículo 28 de la Constitución".

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"Con este recurso legal, el IFT busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias, su autonomía presupuestal y contar con los recursos mínimos que le permitan su operación", indicó en un comunicado.

La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para 2019 de mil 500 millones de pesos para el órgano encabezado por Gabriel Contreras Saldívar, cuando en la propuesta del PEF se habían designado mil 780 millones.

Esto significó un recorte de 280 millones de pesos respecto del monto solicitado por el IFT, cifra que, según el organismo, que ya incluía un decremento en términos reales de 14.8 por ciento en comparación con lo ejercido en 2018.

El regulador agregó que la controversia también considera diversas disposiciones del PEF relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos.

Consideró que las remuneraciones no se ajustan a lo dispuesto por la Constitución para el pago a servidores públicos.


"Con la reducción adicional aprobada por los legisladores, la disminución en los recursos presupuestales del Instituto es de 25 por ciento en términos nominales, en relación con el monto aprobado el año pasado, y de 37.5 por ciento en términos reales acumulado desde 2014", aseveró.

El pasado 2 de enero, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

De igual modo, el Banco de México (Banxico) optó por esta medida además de solicitar a la SCJN la aplicación de la nueva ley a sus funcionarios.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se sumó a la lista de órganos autónomos que interponen una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobadas por el Congreso para este año.

Este jueves, el IFT informó que optó por esta medida al considerar que el PEF "vulnera la función regulatoria de este órgano autónomo, prevista en el artículo 28 de la Constitución".

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"Con este recurso legal, el IFT busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias, su autonomía presupuestal y contar con los recursos mínimos que le permitan su operación", indicó en un comunicado.

La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para 2019 de mil 500 millones de pesos para el órgano encabezado por Gabriel Contreras Saldívar, cuando en la propuesta del PEF se habían designado mil 780 millones.

Esto significó un recorte de 280 millones de pesos respecto del monto solicitado por el IFT, cifra que, según el organismo, que ya incluía un decremento en términos reales de 14.8 por ciento en comparación con lo ejercido en 2018.

El regulador agregó que la controversia también considera diversas disposiciones del PEF relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos.

Consideró que las remuneraciones no se ajustan a lo dispuesto por la Constitución para el pago a servidores públicos.


"Con la reducción adicional aprobada por los legisladores, la disminución en los recursos presupuestales del Instituto es de 25 por ciento en términos nominales, en relación con el monto aprobado el año pasado, y de 37.5 por ciento en términos reales acumulado desde 2014", aseveró.

El pasado 2 de enero, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

De igual modo, el Banco de México (Banxico) optó por esta medida además de solicitar a la SCJN la aplicación de la nueva ley a sus funcionarios.

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