La presencia del Ejército y la Marina en las calles, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, así como la estrategia para la persecución de ilícitos como el lavado de dinero, el fraude y la corrupción motivaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pedir un presupuesto extra de 657.7 millones de pesos.
En su proyecto presupuestal para 2021 se explica que la disposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ha generado que aumente la cantidad de asuntos que se judicializan derivado de operativos, detenciones y puestas a disposición de la autoridad ministerial por lo cual se piden 117.1 millones de pesos para este rubro.
Derivado de la reforma al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, se prevé un aumento significativo en los asuntos atendidos por los Centros de Justicia Penal. Para ello, en 2021 se prevé la instalación de 19 nuevos Centros de Justicia Penal, lo cual requiere de 339 millones de pesos.
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Adicionalmente, la estrategia de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de solicitar más órdenes judiciales para mejorar la integración de los casos que eventualmente someterán a sede jurisdiccional, ha hecho indispensable el fortalecimiento del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, cuya operación implica un costo anual de 201.6 millones de pesos.
También se explica que la aprobación de la Ley de Amnistía y el aumento de solicitudes de beneficios preliberacionales en el contexto de la pandemia, cuyos efectos se proyectarán aún hacia el próximo año, han evidenciado la pertinencia de contar con nuevas juezas y jueces de ejecución para los procesos penales federales iniciados con anterioridad a la implementación del nuevo sistema.
Por ello, en el Programa de Consolidación del Sistema de Justicia Penal se incluyen previsiones para la creación de 43 plazas de Juez de Distrito, de entre las cuales se asignarán algunas a esta materia.
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Piden 826 mdp para seguridad de jueces y magistrados
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pidió destinar 826 millones de pesos de presupuesto para garantizar la seguridad de jueces y magistrados y que “la impartición de justicia quede blindada frente a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de amedrentamiento y corrupción”.
Se reveló que el CJF está revisando y mejorando sus procedimientos de diagnóstico de riesgo y de asignación y supervisión de medidas de protección para jueces y magistrados, en aras de evitar que los procesos administrativos obstaculicen esa acción.
“No obstante, la dotación de recursos para cumplir este cometido es fundamental en esta tarea, pues la seguridad de quienes juzgan redunda, en última instancia, en el fortalecimiento de las labores de seguridad del Estado mismo”, destacó el Consejo.
En su proyecto presupuestal el CJF recordó el asesinato en Colima del asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas “derivado de su compromiso con la impartición de justicia y de su colaboración en el combate a la delincuencia organizada”.
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Ante esto detalló que se tiene “el ineludible reto de garantizar la protección y seguridad de juezas, jueces, magistradas y magistrados, entendiendo que ello debe alcanzar, como mínimo, a todos aquéllos que se dedican a la materia penal”.
El Sol de México reveló en junio que durante 2019 el CJF recibió 303 peticiones de jueces y magistrados de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guerrero y el Estado de México para que se les asignara alguna medida de seguridad como escoltas, vehículos blindados, ropa antibalas o cambios de adscripción.
Según datos de transparencia es en las regiones donde operan agrupaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, la Familia Michoacana, donde el Consejo ha buscado reforzar la seguridad para juzgadores federales que revisan asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
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