Odebrecht ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de México que analice sus impugnaciones a las sanciones que le impuso el Gobierno mexicano, alegando una "denegación sistemática" de justicia, dijo este jueves el director jurídico de la compañía para América Central y México, João Horst.
"La estrategia es una solicitud a la Suprema Corte para que haga una atracción del caso dada la repercusión general que se puede dar por un tema procesal", dijo Horst a Efe, aludiendo al desechamiento de amparos interpuestos por la constructora contra las sanciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El abogado indicó que la solicitud de "reasunción de competencia" a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentada el 21 de junio pasado, se basa en que el desechamiento de los recursos por parte de tribunales inferiores viola principios constitucionales y jurisprudencia del propio tribunal supremo.
La solicitud también requiere que la SCJN se pronuncie sobre el fondo de las impugnaciones, según las cuales los procedimientos administrativos sancionadores de la SFP "carecen de fundamento", dijo Horst.
Por ello, consideró que la SCJN resolverá en breve si atrae el caso y determinará "si dicho desechamiento es legal o constituye parte de una elaborada estrategia diseñada desde la anterior administración para inhibir y evitar el debido esclarecimiento de los ilícitos confesados por Odebrecht".
En los acuerdos de cooperación celebrados con el Ministerio Público Federal de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos firmados en diciembre de 2016, Odebrecht reconoce pagos indebidos a servidores públicos en México y otros países.
Las autoridades mexicanas investigan a Emilio Lozoya, quien fue director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, por haber presuntamente recibido un soborno multimillonario de Odebrecht a cambio de concederle un contrato para modernizar una refinería.
Por otro lado, Horst señaló que de los ocho amparos promovidos por Odebrecht, uno derivó en un fallo emitido en noviembre de 2018 que anuló una inhabilitación por cuatro años para recibir contratos públicos, y ordenó reponer el proceso.
Indicó que el fallo obedeció a que la sanción anulada se basaba en un informe contable que no le fue facilitado a la empresa para su defensa. "El juez vio evidencia de una violación muy grave y muy obvia a un derecho tan básico y anuló ese procedimiento", precisó.
Añadió que aunque el fallo ordenaba que el procedimiento volviera a su inicio, "curiosamente de ahí no ha salido más".
"Tal vez no hubo interés de la Secretaría de la Función Pública porque no quería meterse en la discusión de sus argumentos", dijo el abogado, y consideró que esa es "una señal muy clara de que su contenido es mínimamente discutible, para no decir más".
Otros dos amparos fueron desechados en marzo de 2019 por sendos tribunales por tecnicismos relativos al momento adecuado para presentar el recurso, "sin entrar al mérito de la cuestión discutida de que los procedimientos (sancionadores) no tienen fundamento".
El letrado indicó que desde principios de 2017 Odebrecht presentó una carta a la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General) y a la SFP para expresar su disposición de cooperar en las investigaciones sobre ilícitos cometidos por la firma en México y castigar a quien resultara responsable.
"La Secretaría de la Función Pública nos contestó que no veía elementos suficientes para una confesión y la PGR abrió una carpeta de investigación pero nunca llegamos a firmar un acuerdo de colaboración", sostuvo.
Explicó que, como los acuerdos firmados con otros países incluyen la obligación de colaborar con las autoridades de todas las naciones, "ya se han hecho declaraciones y presentado documentos, pero en ese contexto de cooperación internacional, no de una cooperación directa, que es lo que se hace a partir de un acuerdo".
Según el abogado, inmediatamente después del desechamiento de la solicitud para colaborar con la SFP comenzó "una persecución en contra de Odebrecht" en que la dependencia inició procedimientos administrativos que culminaron en la imposición de sanciones y la inhabilitación para participar en contrataciones públicas.
Paralelamente, afirmó, Pemex rescindió los contratos que tenía con la compañía sin liquidar los finiquitos correspondientes o agotar los montos no ejercidos.
"En total el daño ocasionado a Odebrecht entre multas, sanciones y cancelación indebida de contratos supera los 3 mik millones de pesos ", acotó.
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