Organizaciones integrantes de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País denunciaron que la suspensión provisional que un juez otorgó a la empresa Monsanto, para usar glifosato y maíz transgénico en el país, atenta contra el interés general de la población y sus derechos a un ambiente sano, a la biodiversidad, a la salud y a una alimentación adecuada, por lo que pidieron al juez rectificar el amparo.
Esto ocurre a días de que el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo concedió una suspensión a esta empresa filial de Bayer, para exentarla del decreto presidencial que busca eliminar en México el uso del glifosato y el maíz transgénico para el 2024, mismos que se contraponen a objetivos de los programas de calidad del aire y las estrategias de conservación de la biodiversidad del Gobierno Federal.
Por ello al hacer referencia de que con dicha acción se está privilegiando los intereses particulares de la corporación Bayer-Monsanto, comercializadora del herbicida, las organizaciones lanzaron un llamado al juez para “demostrarle a la nación que no está al servicio de Monsanto rectificando la resolución definitiva que se podría dar en la sesión del lunes 25 de abril”.
De acuerdo con la Campaña, al momento se han presentado 10 amparos, de los cuales nueve han sido rechazados. Sin embargo el juez Rebolledo “es el único que ha otorgado la suspensión -por ahora provisional-, con base en argumentos que han sido probados como falsos”, acusan.
Información pública señala que el argumento del juez es que "de no darse la suspensión habría un perjuicio social, pues hay riesgo de afectar la producción agroalimentaria, así como la seguridad y soberanía alimentaria". Además, “provocaría mayor importación de maíz y sus derivados para satisfacer las necesidades de la población".
“Estos argumentos son falsos ya que los rendimientos de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato no son significativamente mayores que sus equivalentes no transgénicos. Por otra parte, la tolerancia al herbicida glifosato no aumenta el rendimiento de los cultivos; por el contrario, los debilita especialmente ante el cambio climático y los hace más vulnerables a las plagas, que se vuelven más resistentes requiriendo mayores aplicaciones”, acusaron las ONG’s.
Además, señalaron que en el sector agrícola, el uso de estas tecnologías transgénicas y del paquete tecnológico asociado, incluyendo al glifosato, están asociados a la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria, debido a que la venta de semillas y agrotóxicos está controlada por unas cuantas empresas que son las que toman las decisiones de qué comemos y cómo se produce.
“Ni las y los consumidores, ni las y los agricultores tienen acceso a la información necesaria para saber cuánto y dónde se aplica el glifosato. Este derecho a saber tiene que garantizarse para que pueda exigirse a los grandes productores usuarios de este herbicida sus compromisos de reducción y sustitución por prácticas agroecológicas”, señalaron.
Finalmente reiteraron que sí es posible una agricultura sin agrotóxicos y sin transgénicos, “la solución es transitar hacia la agroecología; existen miles de experiencias exitosas que demuestran que es posible y urgente avanzar en esta ruta hacia una alimentación y un ambiente más sanos para combatir los efectos de las crisis climática y sanitaria en curso”.
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