/ jueves 29 de junio de 2023

Plaguicidas ilegales, piratas o clonados, se venden sin restricciones: UMFFAAC

Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, señaló que es preocupante la nula vigilancia sobre estos productos

A pesar del peligro que representan para la vida de los agricultores, el medio ambiente y la producción de alimentos, continua la venta de plaguicidas ilegales que se utilizan en el campo nacional sin restricciones, sin consignación de responsables ante la autoridad, ni vigilancia alguna.

“Esto es preocupante”, denunció Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC). Dijo a El Sol de México: “La autoridad no ha hecho nada sobre este tema, por lo que hizo un llamado a que se aplique la ley”.

El mercado ilegal crece porque el gobierno no realiza inspecciones, ni confisca productos ilícitos, ni realiza investigaciones exhaustivas ni mucho menos hace consignaciones.

“En este sentido es de reconocer la preocupación del gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, a cargo de Paulo Bañuelos Rosales, que impulsa el “Programa Guanajuato Zona Premium de México”.

Dicho proyecto establece una base legal y operativa para que con el uso de actos de autoridad se evite que los plaguicidas de uso agrícola se utilicen en condiciones que no se apeguen a la normatividad que indican Cofepris, Senasica y Semarnat.

Comentó en entrevista que “Guanajuato es el único Estado que implementó esta iniciativa que busca vigilar la calidad de sus productos agroalimentarios y la comercialización de agroquímicos. Es el único estado que hace de manera activa esta protección contra plaguicidas ilegales”.

De acuerdo al INEGI, la actividad agropecuaria en Guanajuato representa el 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que incide aproximadamente en el 15 por ciento de la economía estatal por la generación de empleo directo e indirecto.

Toda vez que se demandan insumos como combustibles, fertilizantes, semillas, energía, maquinaria y equipos especializados.

Refirió que también en Sinaloa, los grandes productores de jitomate, hortalizas, frutas y legumbres cuidan mucho esto, porque perderían los mercados de exportación.

AGROQUÍMICOS LEGALMENTE REGULARIZADOS

Se espera que los negocios de agroquímicos estén debidamente dados de alta, registrados, regularizados legalmente al igual que todas las tiendas de agroquímicos y las empresas de fumigación tanto agrícolas como urbanas.

Esto repercutirá en la salud de todos, dijo el ingeniero González Cepeda.

También comentó que un agricultor que compra un producto sin registro o adulterado puede perder su cosecha o hasta la vida, toda vez que la sustancia que contiene dentro del envase no necesariamente es la que dice en la etiqueta.

Eso puede causar intoxicaciones tanto a los agricultores como a los consumidores de vegetales, frutas y verduras donde se realizó la aplicación.

Sostuvo el especialista que la normatividad exige que los plaguicidas estén registrados específicamente para el cultivo y la plaga que tiene como objetivo controlar.

Esta regulación es muy robusta. Se rige por estándares y criterios internacionales de toxicidad, persistencia y límites máximos de residuos. Dichos criterios son establecidos por organismos internacionales de seguridad alimentaria y se fundamentan en evidencia científica.

El objetivo es asegurar que cualquier residuo que pueda permanecer en el alimento tras su aplicación sea seguro para el consumo humano.

Y esto no sucede con los productos ilegales al no pasar por el proceso de registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esta situación también se aplica a los productos orgánicos que se utilizan para el control de plagas. A pesar de su origen natural, pueden presentar desafíos para la salud sí no se manejan adecuadamente.

El problema de los plaguicidas ilegales que se usan en el campo nacional es su aumento al pasar de 200 millones de dólares en 2020 a 300 millones de dólares en 2022, “lo que refleja la falta de atención del gobierno federal en el control de productos fitosanitarios”.

Refirió en entrevista “que cada día es más frecuente en las tiendas y centros comerciales la presencia de plaguicidas ilegales, con etiquetas que no corresponden a los contenidos. Se trata de productos piratas, clonados o robados, según pudo comprobar la UMFFAAC en un análisis que hizo a estudios del Observatorio Ciudadano”.

“Se encontraron aumento entre 2020 y 2022 de 30, 40 y 50 por ciento de plaguicidas ilegales. Y con ello se incrementan los riesgos para la salud de los agricultores por intoxicaciones y para los consumidores de los productos”, explicó el presidente de la UMFFAAC.

A pesar del peligro que representan para la vida de los agricultores, el medio ambiente y la producción de alimentos, continua la venta de plaguicidas ilegales que se utilizan en el campo nacional sin restricciones, sin consignación de responsables ante la autoridad, ni vigilancia alguna.

“Esto es preocupante”, denunció Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC). Dijo a El Sol de México: “La autoridad no ha hecho nada sobre este tema, por lo que hizo un llamado a que se aplique la ley”.

El mercado ilegal crece porque el gobierno no realiza inspecciones, ni confisca productos ilícitos, ni realiza investigaciones exhaustivas ni mucho menos hace consignaciones.

“En este sentido es de reconocer la preocupación del gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, a cargo de Paulo Bañuelos Rosales, que impulsa el “Programa Guanajuato Zona Premium de México”.

Dicho proyecto establece una base legal y operativa para que con el uso de actos de autoridad se evite que los plaguicidas de uso agrícola se utilicen en condiciones que no se apeguen a la normatividad que indican Cofepris, Senasica y Semarnat.

Comentó en entrevista que “Guanajuato es el único Estado que implementó esta iniciativa que busca vigilar la calidad de sus productos agroalimentarios y la comercialización de agroquímicos. Es el único estado que hace de manera activa esta protección contra plaguicidas ilegales”.

De acuerdo al INEGI, la actividad agropecuaria en Guanajuato representa el 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que incide aproximadamente en el 15 por ciento de la economía estatal por la generación de empleo directo e indirecto.

Toda vez que se demandan insumos como combustibles, fertilizantes, semillas, energía, maquinaria y equipos especializados.

Refirió que también en Sinaloa, los grandes productores de jitomate, hortalizas, frutas y legumbres cuidan mucho esto, porque perderían los mercados de exportación.

AGROQUÍMICOS LEGALMENTE REGULARIZADOS

Se espera que los negocios de agroquímicos estén debidamente dados de alta, registrados, regularizados legalmente al igual que todas las tiendas de agroquímicos y las empresas de fumigación tanto agrícolas como urbanas.

Esto repercutirá en la salud de todos, dijo el ingeniero González Cepeda.

También comentó que un agricultor que compra un producto sin registro o adulterado puede perder su cosecha o hasta la vida, toda vez que la sustancia que contiene dentro del envase no necesariamente es la que dice en la etiqueta.

Eso puede causar intoxicaciones tanto a los agricultores como a los consumidores de vegetales, frutas y verduras donde se realizó la aplicación.

Sostuvo el especialista que la normatividad exige que los plaguicidas estén registrados específicamente para el cultivo y la plaga que tiene como objetivo controlar.

Esta regulación es muy robusta. Se rige por estándares y criterios internacionales de toxicidad, persistencia y límites máximos de residuos. Dichos criterios son establecidos por organismos internacionales de seguridad alimentaria y se fundamentan en evidencia científica.

El objetivo es asegurar que cualquier residuo que pueda permanecer en el alimento tras su aplicación sea seguro para el consumo humano.

Y esto no sucede con los productos ilegales al no pasar por el proceso de registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esta situación también se aplica a los productos orgánicos que se utilizan para el control de plagas. A pesar de su origen natural, pueden presentar desafíos para la salud sí no se manejan adecuadamente.

El problema de los plaguicidas ilegales que se usan en el campo nacional es su aumento al pasar de 200 millones de dólares en 2020 a 300 millones de dólares en 2022, “lo que refleja la falta de atención del gobierno federal en el control de productos fitosanitarios”.

Refirió en entrevista “que cada día es más frecuente en las tiendas y centros comerciales la presencia de plaguicidas ilegales, con etiquetas que no corresponden a los contenidos. Se trata de productos piratas, clonados o robados, según pudo comprobar la UMFFAAC en un análisis que hizo a estudios del Observatorio Ciudadano”.

“Se encontraron aumento entre 2020 y 2022 de 30, 40 y 50 por ciento de plaguicidas ilegales. Y con ello se incrementan los riesgos para la salud de los agricultores por intoxicaciones y para los consumidores de los productos”, explicó el presidente de la UMFFAAC.

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