/ lunes 13 de enero de 2020

Un tercio de los contratos de la federación, sin licitar

En los procedimientos que se llevan al momento para este año la proporción es menor que en 2019

El gobierno federal inicio el año entregando una tercera parte de los contratos públicos por adjudicación directa o a través de licitaciones restringidas.

Esta proporción es mucho menor a la del cierre de 2019, año en que las instancias de la administración federal otorgaron casi 86 por ciento de los contratos públicos por estas vías.

De acuerdo con el sitio Compranet, en el arranque de 2020 las instancias de gobierno ya signaron 792 contratos con distintos proveedores, por un monto de cuatro mil 699.2 millones de pesos.

De dichos contratos, 173 se entregaron por vía de la adjudicación directa y 125 por invitación restringida a cuando menos tres personas.

A través de estos mecanismos, la administración federal destinó mil 481.7 millones de pesos, es decir, 31.5 por ciento del monto total contratado.

Las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Economía, de Turismo, de la Defensa Nacional, así como el Banco del Bienestar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Conagua y Conacyt, son algunas de las dependencias que han otorgado contratos por adjudicación directa o licitación restringida. Pero es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el que más se ha valido de estos mecanismos en el arranque de este año.

Datos de Compranet indican que la instancia de seguridad social ha otorgado 90 contratos en lo que va de 2020 de forma directa o en un concurso limitando la participación de proveedores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado el uso de estos mecanismos al señalar que así se evitan actos de corrupción o la participación de empresas con antecedentes turbios.

Pero la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señaló en un documento que aunque la adjudicación directa reduce costos administrativos, no asegura que el gobierno compre en las mejores condiciones. “La falta de competencia en los procedimientos de contratación pública está asociada con la utilización ineficiente de los recursos públicos, ya que podría resultar en la adquisición de productos o servicios más costosos".

El gobierno federal inicio el año entregando una tercera parte de los contratos públicos por adjudicación directa o a través de licitaciones restringidas.

Esta proporción es mucho menor a la del cierre de 2019, año en que las instancias de la administración federal otorgaron casi 86 por ciento de los contratos públicos por estas vías.

De acuerdo con el sitio Compranet, en el arranque de 2020 las instancias de gobierno ya signaron 792 contratos con distintos proveedores, por un monto de cuatro mil 699.2 millones de pesos.

De dichos contratos, 173 se entregaron por vía de la adjudicación directa y 125 por invitación restringida a cuando menos tres personas.

A través de estos mecanismos, la administración federal destinó mil 481.7 millones de pesos, es decir, 31.5 por ciento del monto total contratado.

Las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Economía, de Turismo, de la Defensa Nacional, así como el Banco del Bienestar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Conagua y Conacyt, son algunas de las dependencias que han otorgado contratos por adjudicación directa o licitación restringida. Pero es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el que más se ha valido de estos mecanismos en el arranque de este año.

Datos de Compranet indican que la instancia de seguridad social ha otorgado 90 contratos en lo que va de 2020 de forma directa o en un concurso limitando la participación de proveedores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado el uso de estos mecanismos al señalar que así se evitan actos de corrupción o la participación de empresas con antecedentes turbios.

Pero la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señaló en un documento que aunque la adjudicación directa reduce costos administrativos, no asegura que el gobierno compre en las mejores condiciones. “La falta de competencia en los procedimientos de contratación pública está asociada con la utilización ineficiente de los recursos públicos, ya que podría resultar en la adquisición de productos o servicios más costosos".

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