Mujeres adultas trans exigen al gobierno una reparación de daño por la violencia, discriminación, así como por la falta de oportunidades y de derechos que vivieron entre los años 70 y 90. Aún esperan al Congreso capitalino que analice y discuta una iniciativa de ley para ello.
Carmen, de 58 años de edad, es una de las mujeres adultas trans que urgen la atención del Estado. Afirma que ella es sobreviviente de persecución, discriminación y múltiples violencias cometidas por parte del gobierno y la sociedad en los ochenta y noventa.
“Vivimos una historia muy fea, porque las autoridades y el gobierno nos tenían reprimidas, querían exterminarnos, prácticamente parecíamos ilegales en nuestro propio país. De hecho, muchas compañeras de ese tiempo, cuando yo empecé en el trabajo sexual, ya no existen, desaparecieron”, comentó a El Sol de México.
Carmen contó que además de no tener el apoyo de sus padres, no tuvo acceso a la educación y debido a la falta de ingresos se dedicó al trabajo sexual desde los 16 años. Durante la década de los 60, dijo, fue perseguida por las autoridades.
“Yo ya estaba fastidiada, cansada de que (policías) me pedían dinero cada que estaba trabajando. En una ocasión llegaron, me quisieron subir al carro y no me dejé. Me empezaron a golpear y tiré a uno de los dos hombres al piso; el otro abrió la cajuela del auto, sacó un bate, me dieron un batazo en el ojo, y cuatro, en las piernas. Me dejaron inconsciente y se fueron”, contó.
De acuerdo con la mujer, aún tiene secuelas de las agresiones cometidas por parte de las autoridades, como la pérdida de un ojo, así como heridas emocionales graves. Ella solventó su rehabilitación y atención psicológica ante la falta de acceso al servicio médico público.
Carmen consideró que el Estado tiene una deuda histórica con las mujeres trans que vivieron estos crímenes de odio.
“Debe haber una reparación del daño por parte del gobierno, por todo lo que pasamos y lo que sufrimos. Las autoridades y nuestro gobierno son los que nos hacen más vulnerables y los que más nos violentan”, señaló.
Alma Delia, quien a sus 65 años aún ejerce el trabajo sexual, recordó que durante el sexenio de José López Portillo, de 1976 a 1982, y la titularidad de Arturo Durazo Moreno, conocido como El Negro Durazo, en la Policía del Distrito Federal, las mujeres trans fueron víctimas de violaciones constantes a sus derechos humanos.
La mujer aseguró que es una sobreviviente de un presunto acto de agresión policial en el entonces Distrito Federal, mismo en el que otras mujeres resultaron agraviadas.
“Fui amarrada por policías y colgada en el Ajusco, soy sobreviviente a eso, porque yo lo viví y lo cuento, fui amordazada y amarrada de las manos junto con otras compañeras y nos tiraron a las aguas negras del Río de las Remedios”.
“Lo que sufrimos en el año del mandato de José López Portillo, en la época de El Negro Durazo fue horrible. Pedimos la reparación del daño, porque a nosotras nunca nos han dado nada, al contrario, nos han arrebatado y nos han quitado”, contó la mujer, quien afirmó que por su orientación sexual nunca tuvo acceso a una vivienda, a un empleo formal o a la salud pública.
A pesar de las violencias y adversidades, Alma lleva 35 años de activista y es fundadora de la cooperativa Ángeles en busca de la libertad. Actualmente renta un departamento donde refugia a mujeres trans que se encuentran sin hogar.
La mujer padece diabetes y no cuenta con ningún servicio de salud. Por su activismo recibe medicamentos y otros apoyos. “Nos encontramos en total abandono y el actual gobierno no cuenta con ningún programa que nos brinde algún apoyo económico y mucho menos que reconozca nuestra existencia”, dijo.
La directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Rocío Suárez, explicó que entre las décadas de los 70 y los 90 los gobiernos tenían prejuicios contra distintos sectores de la sociedad, como con quienes ejercían el trabajo sexual por la falta de empleos.
La policía capitalina, mencionó, llevaba a cabo razias contra trabajadoras sexuales, entre ellas, mujeres trans, quienes, al igual que el resto de la comunidad LGBTQ+, no eran visibilizadas.
"En ese entonces todavía no se hablaba de población trans, de población gay. Se les negaba su identidad de género, por eso lo que la policía realizaba en esos entonces era un castigo social: el exhibirlas, cortarles el cabello, acciones que, de alguna forma, representan un castigo social por el hecho de ser, por romper la norma", agregó.
Alma recordó que en 2014, la entonces secretaria del Trabajo en el Distrito Federal, Patricia Mercado, impulsó la entrega de licencias y credenciales a trabajadoras sexuales para acreditarlas como trabajadoras no asalariadas. Actualmente ya no son entregadas.
En 2016, la también exsecretaria de Trabajo, Amalia García, entregó un apoyo económico de dos mil 150 pesos al mes durante medio año a este sector de la población.
La actual administración ha impulsado acciones en materia de salud, como la Unidad de Salud Integral para Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina Integrativa, además, debido a la pandemia por Covid-19 entregó apoyos económicos a trabajadoras sexuales.
Carmen y Alma aún esperan que el Estado resarza el daño que ellas, y más mujeres trans, vivieron.
"Hay un movimiento internacional que busca que el Estado reconozca las omisiones con las mujeres trans adultas, por eso se habla de este tema de reparación de la deuda histórica.
"El Estado fue omiso en términos de garantizar los derechos sus derechos humanos, su derecho a la vida, su derecho a la educación, su derecho a un empleo", agregó Rocío Suárez.
La activista consideró que el Estado, y en especial el gobierno de la Ciudad de México, aún tiene una deuda con la comunidad trans adulta mayor, por ejemplo, en materia de salud y en materia laboral.
SIN AVANCE
El 20 de julio de 2022, la directora de la Fundación Deuda Histórica, Samantha Fritz, entregó al Congreso de la Ciudad de México el Anteproyecto de Iniciativa de Ley Deuda Histórica para buscar la reparación integral del daño en beneficio de las mujeres trans adultas. Aún no hay avances en la materia.
“La desigualdad que se tuvo en los 80, 90, inclusive en los 70, arrojó a las mujeres a vivir contextos de vulnerabilidad extrema y desgraciadamente las que sobrevivieron hoy tienen un estatus económico y de salud deplorable”, señaló la activista Kenya Cuevas a este diario.
Resaltó que otro de los principales problemas que vivieron las mujeres trans durante esas décadas fue la infiltración de sustancias modelantes que aún hoy las afectan con la aparición de graves enfermedades, por lo que esta pensión debe cubrir el derecho a la salud, el acceso a los servicios médicos, el tener una vivienda, así como recibir una ayuda económica.
La fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias, manifestó que en la lucha de los derechos de la comunidad trans todavía falta que se reconozcan la identidad de género, los transfeminicidios, el acceso a la salud y a los tratamientos hormonales, pero esta iniciativa podría ser un legado para todas las mujeres trans.
Kenya Cuevas celebró la iniciativa de la Fundación Deuda Histórica y confió en que los legisladores capitalinos la avalen y resulte en beneficios para las mujeres trans de distintas épocas.
“Celebro esta propuesta porque estas mujeres adultas vivieron lo más fuerte, y que ahora se organicen y puedan solicitar un beneficio que no sólo va ser para ellas sino que pueda quedar de manera permanente para todas nosotras es una gran lucha”, agregó.
