La Procuraduría General de Justicia (PGJ) local trabaja en una plataforma informática para que el tiempo de presentación de denuncias ante el Ministerio Público (MP), en algunos delitos, pase de cinco horas a 15 minutos, planteó ayer su titular Ernestina Godoy.
En la Facultad de Derecho de la Barra de Abogados, la funcionaria informó sobre el avance de los trabajos para transformar la dependencia a su cargo en la próxima Fiscalía General de Justicia de la capital, lo cual se debe concretar en enero del próximo año.
Ante profesionales del derecho, la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México citó datos del Instituto Nacional de Estadística, según los cuales el promedio de atención a los denunciantes en las representaciones sociales capitalinas es de cinco horas, por lo que es necesario abatir esos tiempos y sería una forma para que los ciudadanos recobren la confianza en la PGJ.
Explicó que, en el marco de la transformación de la procuraduría a fiscalía, se trabaja en una plataforma tecnológica que ayudará a que la presentación de las demandas sea más rápida y se abatan los tiempos a 15 minutos.
La funcionaria dio a conocer que para octubre se planea que entren en funciones cuatro agencias del MP, de las cuales las tres primeras estarán en la Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Magdalena Contreras “y es ahí donde vamos a probar que tan efectiva es dicha plataforma tecnológica, nos va a ayudar a eso”.
Y es que detalló que en esa herramienta informática hay muchas cosas que están precargadas y son tan sencillas, por decir algo, la fecha.
En cuanto al número de denuncias que se deben dar de baja por tener una antigüedad de tres o cuatro años, comentó que no son tantas, pero en el caso de la alcaldía de Iztapalapa hay 900 asuntos pendientes, que sí es un gran rezago, y que se resolverá con algunos acuerdos que se tomen debido a que no tiene caso que sigan abiertos, porque no tienen ninguna posibilidad de que tengan una resolución favorable.
Por lo que toca a los problemas que se registran con la mediación, en cuyo proceso la Comisión Técnica que lleva a cabo la transición de la PGJ a la Fiscalía ha detectado fallas, negó que trabajen discrecionalmente y el objetivo es hacer que funcionen más en determinados delitos.