A un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro, la defensa legal de cinco exfuncionarios públicos, entre ellos su director Enrique Horcasitas, apostará a la absolución con base en el último dictamen de la empresa DNV, que no es público, pero que comprobaría que el colapso fue por falta de mantenimiento y no por errores en la construcción.
Una de las líneas de investigación para llegar a los culpables del colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro apunta como responsables a quienes comandaron la construcción de la línea en la extinta dependencia llamada Proyecto Metro.
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En octubre de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó el caso contra 10 personas por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, entre ellos Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles de Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles; Héctor Rosas Troncoso, subdirector de Obra Civil “C”; Enrique Baker Díaz, subdirector de Estructuras e Ingeniería; y Guillermo Leonardo Alcázar, exdirector responsable de Obra.
La mitad de ellos es representada por Gabriel Regino, quien confirmó en entrevista con El Sol de Méxicola estrategia basada en el dictamen final que el Gobierno de la ciudad encargó, pero que no ha dado a conocer públicamente porque, a palabras de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está en revisión pues “se han encontrado problemas”.
La defensa planteará, como uno de los argumentos, la persecución política, con el precedente de la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Gertz Manero.
Regino expuso que actualmente están en un extraordinario momento legal y procesal, porque la empresa DNV emitió su informe causa-raíz en el que se establece que la razón que llevó al desplome fue la falta de mantenimiento. “Eso para nosotros es una prueba de que siempre estuvimos en lo correcto al señalar que es una fabricación de culpables, es una persecución política como las que acostumbra a hacer la Fiscalía de la Ciudad de México”, mencionó.
Detalló que la defensa está en proceso de incorporar el dictamen causa-raíz de DNV a la investigación para que la fiscalía lo conozca y, sobre todo, para que retire las acusaciones contra sus clientes.
La consecuencia de ello, además de la absolución de toda responsabilidad, sería formular la acusación contra las personas que tenían bajo su responsabilidad el mantenimiento del sistema, específicamente contra Florencia Serranía, dijo.
Acusó que el acceso a la carpeta de investigación ha sido a cuentagotas para la defensa, lo que les impide tener una visión integral del caso y los coloca en una posición desequilibrada con respecto a la información que tiene la Fiscalía General de Justicia local que sí dispone de la información en tiempo, versión que coincide con la de otros abogados que llevan los casos de víctimas de la L12.
Los problemas para acceder a la información de la carpeta de investigación han causado que se difiera en tres ocasiones la fecha de la audiencia para víctimas y probables responsables. Así pasó del 25 de octubre al 3 de diciembre, luego al 7 de marzo y finalmente al próximo 2 de mayo, la cual tampoco es segura.
“No tenemos la certeza de que efectivamente se realice en esa fecha la diligencia, porque la fiscalía podría salir con alguna otra petición de diferimiento, la defensa, las otras defensas podrían pedir más plazo, la asesoría jurídica podría pedir lo mismo. Si bien está propuesta la fecha del 2 de mayo, no tenemos nosotros, hasta hoy, elementos para tener la certeza de que efectivamente se lleve a cabo en esa data”, advirtió Regino
Expuso que la Fiscalía capitalina debe tomar en cuenta lo ocurrido con Gertz Manero, porque lo mismo podría suceder aquí. "No se trata de una exageración en la defensa, simplemente en actuar con base en el derecho y en las evidencias, no habría razón para sostener que los burócratas de Proyecto Metro son culpables, además porque el desplome ocurrió 10 años después de que la línea funcionó", dijo.
Regino aceptó que será un camino largo en la defensa para la que están dispuestos y preparados a dar, en escala local o federal. Y de no resolverse, podría llegarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ocurriría en varios años.
Aseveró que la principal cobertura legal que tienen sus defendidos es su inocencia, lo que respaldan también con su asistencia a todas las audiencias a las que han sido convocados. “No olvidemos que se trata de personas de la tercera edad, de 68, 70, 72 años, personas que al final de su vida están sintiendo en carne propia una persecución arbitraria por parte del Estado”, dijo.
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